Que se le permita a la empresa privada la suspensión masiva de los contratos laborales o la terminación de los mismos y que estas personas suspendidas o despedidas, entren, inmediatamente, a ser empleados del Estado con un salario que permita su subsistencia
De nada sirve poner en este momento a la industria privada como garante de la preservación del trabajo si ello ha de conducir, necesariamente, a su extinción
Vivimos tiempos especialmente difíciles, tiempos atípicos que requieren soluciones transitorias extraordinarias. El Gobierno tiene una tarea titánica de salvar la empresa privada como motor de la economía colombiana. Esta tarea no es fácil y requiere de rapidez y determinación.
En los últimos días se han conocido múltiples circulares del Ministerio de Trabajo donde se indica que se prohíbe la suspensión de los contratos de trabajo y los despidos colectivos y que invitan a las empresas a hacer uso de otros mecanismos extraordinarios para preservar el trabajo tales como el teletrabajo, las jornadas laborales flexibles, las vacaciones anticipadas (acumuladas o colectivas) y licencias no remuneradas. Además, ha dicho que las decisiones laborales tomadas por empleadores serán fiscalizadas durante la emergencia sanitaria presentada por el covid-19.
No puede pretenderse que, ante esta calamidad económica y social, la responsabilidad de la preservación del empleo recaiga sobre la empresa privada, máxime cuando esta es la que más perjudicada se ha visto con el cierre. Si se quiere conservar la misma, el Gobierno tiene que permitir la reducción sustancial de la fuerza laboral para que las empresas puedan llegar a un nivel de costos sostenible que permita su preservación. De lo contrario, todas las empresas de Colombia estarían llamadas a desaparecer y sólo quedaría el caos y la miseria.
La propuesta entonces es la siguiente: que se le permita a la empresa privada la suspensión masiva de los contratos laborales o la terminación de los mismos y que estas personas suspendidas o despedidas, entren, inmediatamente, a ser empleados del Estado con un salario que permita su subsistencia (mínimo vital). Dada su condición de empleados de alguna dependencia estatal, su labor sería permanecer en sus sitios de residencia (para contener el contagio), educar a sus hijos en su sitio de residencia, cuidar que el orden público en su vecindario se preserve alertando novedades permanentemente a las autoridades de control y servir de líderes comunitarios para superar esta calamidad. Por supuesto que esta contratación masiva costará una plata grande, pero para eso el Estado tiene reservas y líneas de crédito internacional y puede, como medida de contingencia, hacer uso de los recursos que hasta la fecha hayan recaudado las Cajas de Compensación Familiar, las Cámaras de Comercio entre otras entidades que reciben y han recibido (durante épocas de normalidad) pagos del empresariado.
Los grandes problemas requieren grandes soluciones. De nada sirve poner en este momento a la industria privada como garante de la preservación del trabajo si ello ha de conducir, necesariamente, a su extinción. El presidente del El Salvador contrató a todos los restaurantes del país para que siguieran operando y suministraran comida, vía domicilio, a las personas más necesitadas. Esa medida conduce a la preservación del empleo y a la contención del hambre, que sería fuente de caos.
Necesitamos medidas urgentes y de choque, y esta puede ser una de ellas.
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