“El policía el día que me capturó me pegó con otro parcero, me dio la pela. Y me amenazaba que en una semana estaba haciendo el levantamiento mío, que él me iba a matar” eso se escucha decir a Arley Stiven Zuluaga en mensaje de voz que les compartió a sus familiares y que hoy es la evidencia que tienen de que su muerte no fue un hecho fortuito. Efectivamente el levantamiento del cadáver del joven de 23 años ocurrió en las últimas horas en Belencito Corazón en la Comuna 13. 
Su testimonio se conoció y su nombre trascendió porque así lo quiso James Zuluaga, un defensor de derechos humanos en esa zona de Medellín, quien contó que cuando fueron a hacer el reconocimiento del cadáver, un agente de la policía les dijo que lo habían matado por delincuente. El joven había sido capturado en día pasados y según su propio testimonio habría sido amenazado por un agente. Hasta el momento de escribir este Memento, el comando de la Policía Metropolitana no se ha pronunciado sobre el caso, aunque sí anunció que es materia de una investigación interna, además del proceso que adelanta la fiscalía para esclarecer el homicidio. 

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Por lo pronto, la versión oficial habla de una balacera entre jóvenes del sector, mientras que James Zuluaga, tras denunciar el homicidio de su sobrino, reclamó protección del Estado porque se siente amenazado. Y no es para menos: este año en esa zona de Medellín han asesinado a más de 40 personas. Y en el país cada vez es mayor la zozobra para los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. Homicidios que se cuentan por centenas y que generalmente se reducen a la estadística y el asomo del pesar generalizado, pero no más. No hay seguimiento, ni investigaciones profundas, ni responsables, ni medidas efectivas de protección: los datos de la Defensoría del Pueblo hablan de una impunidad de casi el 80%. Otra tragedia. 
Mientras se escriben estas líneas se reporta el asesinado de Ancizar Cifuentes, otro líder social, en Chaparral Tolima. Seguramente mientras se leen, la lista tendrá otro nombre por lo menos. Entre tanto, el Gobierno se esfuerza por hacer énfasis en que cada caso obedece a una realidad particular y que no hay sistematicidad. Como si eso nos dejara más tranquilos. Avanzamos por una ruta de luto que ya hemos recorrido, hollada con sangre y lágrimas, que nos debería avergonzar como nación, pero que ya sabemos tiene una larga y variopinta lista de personas frotándose las manos, celebrando y justificado cada muerte. 

Sueños frustrados, muchachos que no dejarán la mejor semilla, un sin número de huérfanos, viudas y viudos, historias de dolor y resentimiento que harán más largo y más tortuoso el camino de la reconciliación, que llenarán de argumentos a quienes aún no se deciden a hacerle coro al silencio de los fusiles. Cada asesinato es mucho más que una vida truncada, cada uno de ellos es un drama familiar y una pérdida como sociedad, cada uno representa una herida colectiva, así muchos de quienes habitan este mismo espacio no lo sientan o no se den por enterados. Cada adiós anticipado es una victoria de la muerte sobre la vida, de la violencia sobre la razón. Por eso, el luto es colectivo y por eso, varios colectivos y líderes sociales han llamado a la solidaridad, a la expresión de dolor, a gritar que somos vida y a encender una luz por la Comuna 13 y otras zonas en las que la muerte campea.

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Así tiene que ser, pero también hay que reclamarles a las autoridades todo el empeño en salvar vidas y en vencer la impunidad. Cada caso sin resolver, sin castigar a los responsables, es una patente de corso para los asesinos, una invitación a los intolerantes para acabar con la vida de quienes les parecen molestos o les incomodan. Tanto más, si hay indicios de que la mano criminal está impulsada por agentes del Estado. Expedientes como el de Arley deben volverse prioritarios para descartar cualquier participación oficial en el homicidio o para judicializar debidamente a quien pudiera haber mancillado el honor de una Institución y del Estado. 
Esa duda sobre un uniformado es una doble tragedia en medio del dolor y del desconcierto por lo que pasa en materia de seguridad en el país, y particularmente en Medellín, en donde la realidad tozuda nos grita que se necesitan más que anuncios y declaraciones políticas serias y presencia del Estado que supere los patrullajes y los recorridos mediáticos. Una luz por la 13 y por la ciudad.