La coincidencia del inicio del año lectivo del Calendario A en Colombia y la conmemoración del Día internacional de la educación, motiva reflexiones sobre las condiciones del sistema educativo y propuestas para resolver problemas que reaparecen, como la baja matrícula, o que crecen, como la deserción, el microtráfico y el consumo de sustancias sicoactivas en la escuela. Estos fenómenos que impactan las vidas de infantes, adolescentes y familias, demandan respuestas de los responsables de llevar, mantener y cuidar a los estudiantes de la educación básica y media.

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Correspondiendo con nuestro compromiso fundacional con la educación, en FundaMundo y El Mundo acompañamos a las autoridades en su esfuerzo de motivar a los responsables para que cumplan con su parte en la garantía del derecho a la educación y, en consecuencia, matriculen a los menores de edad. Llevar y acompañar a los hijos o menores de edad a su cargo en su proceso de acceso a la educación formal es responsabilidad irrenunciable de padres de familia y acudientes; dejar de hacerlo es robarle el futuro a los infantes y adolescentes.

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Así como a las autoridades las inquieta la reducción de alumnos matriculados, frente a los cupos ofrecidos según las características de la población, (ver gráfico), también las inquieta el crecimiento de la deserción en todos los ciclos del proceso educativo. Garantizar la permanencia y la culminación oportuna del ciclo académico básico es corresponsabilidad de la familia, el sistema educativo y las autoridades; pues las primeras deberán ocuparse de acompañar a niños, niñas y adolescentes en la superación de dificultades en su aprendizaje, mientras que es deber de las instituciones remover los agentes causantes de impactos negativos (violencia, perturbaciones, vicios) en el sistema educativo.

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En Colombia crece en forma muy seria la deserción escolar. En el preocupante fenómeno influyen dificultades familiares, la obstinación de algunos adultos por imponer obligaciones laborales a sus hijos, y muy especialmente, el crecimiento de la dependencia de sustancias sicoactivas. Según el Estudio nacional de consumo de sustancias sicoactivas realizado en 2016 y publicado en 2018 por el Observatorio de drogas de Colombia, el 11,7% de los estudiantes de colegios en el país había probado marihuana; indica el documento que el 23% del total de consumidores de esa droga inició el uso antes de los 16 años. De los consumidores de marihuana entre los escolares, el 15% tenía uno “uso riesgoso de la substancia”, según parámetros del Cast (Cannabis Abuse Screening Test). El importante documento sobre el abuso de drogas en la escuela denuncia que el 3,9% de alumnos del sistema educativo había consumido cocaína; siendo todos los encuestados menores de edad, el estudio encontró que el 4,55% de las personas que había consumido esa peligrosa substancia lo había hecho antes de cumplir 16 años.

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Además del consumo, es sumamente grave el reconocimiento por los estudiantes de que a la droga se accede dentro de la institución educativa (41,29% de consumidores) o en el entorno de los colegios (48,29% de quienes la habían probado). Con tales datos, sorprende el desinterés de muchas autoridades por emprender acciones de contención al tráfico de drogas dentro o en el entorno de los colegios, así como espanta la agresiva reacción de algunos periodistas y opinadores ante las intervenciones que funcionarios responsables, como los alcaldes y secretarios de Educación de Envigado e Itagüí, emprenden para prevenir el ingreso de sustancias sicoactivas a los colegios. En este proceso merece especial interés y reconocimiento la coordinación de los gobiernos con la Policía de infancia y adolescencia y las personerías municipales, para ubicar perros antidrogas, operados por miembros de la Policía, en las entradas de las instituciones educativas, de manera que puedan detectar las sustancias, apoyar a los estudiantes victimizados por bandas de microtráfico para vender drogas a sus compañeros y respaldar a las autoridades académicas en sus esfuerzos de prevención del consumo.

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La intervención integral en apoyo y recuperación a los estudiantes afectados por las bandas de microtráfico permite complementar o suplir a las familias en los esfuerzos de recuperación integral de los menores de edad; contener el abuso de los criminales que encontrarán límites fuertes en su empeño de colonización de las instituciones educativas, y cumplir con la responsabilidad estatal de prevenir el abuso de sustancias sicoactivas, así como de proteger a la infancia y adolescencia en riesgo; son, pues, acciones que hacen de la escuela el entorno verdaderamente seguro y protector al que los padres o acudientes quieren enviar a niños, niñas y adolescentes a su cargo.