Como estudié Planificación en London School of Economics y en la Escuela de Administración Pública de Madrid, y durante décadas Mariano Ospina Hernández, principal experto nacional en la materia, influyó en mi pensamiento, cada año el Plan Nacional de Desarrollo es de mi especial interés.  Procedo, entonces, a hacer ciertas consideraciones sobre el Pacto por Colombia. Pacto por la equidad, título que lleva el del Dr. Duque.

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Por la ausencia, desde que se adoptó el principio de planeación en Colombia, de un verdadero hilo conductor y proyectivo, cada PND es más bien un programa de gobierno. Pero aun sin eslabonarse, los 14 anteriores se inscriben dentro de una perspectiva acorde con el modelo de economía mixta y de libertad económica y empresarial. Indicativa, pero nunca coercitiva, en la planeación colombiana los Planes  se suceden dentro de la racionalidad propia de este modelo, que ha hecho posible el apreciable progreso nacional.

El presente Plan no contradice teóricamente ese marco conceptual, pero incorpora un lastre que puede dar al traste con sus buenas intenciones. Se apuesta por un crecimiento, como mínimo, del 4.5 % anual durante el cuatrienio, pero para logar esa meta, indispensable pero no ambiciosa, el país requiere estímulos poderosos, tributación que no ahogue la iniciativa ni el ahorro, un tipo de cambio real que no esté distorsionado por crecientes ingresos non sanctos, equilibrio presupuestal, austeridad en el gasto e inversiones en sectores prioritarios, asignadas teniendo siempre en cuenta la mejor relación beneficio/costo.

En los Planes de Desarrollo se trazan altas y deseables metas, como la de “sacar a 1.5 millones de la pobreza extrema; a  3 millones, de la pobreza; reducir la tasa de desempleo a 7.9 %; ofrecer calidad de educación a niños y jóvenes y tener salud eficiente y de calidad”.

La inversión suma $1.100 billones. En consecuencia, el Plan apunta muy alto, pero para que tenga éxito es necesario emplear los recursos en los frentes más urgentes y productivos. En cambio, este Plan está lastrado por la destinación de $ 37.1 billones “para la paz”, dentro de los cuales se encuentran $ 20 billones para los “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”, cuyos beneficiarios deben ser “los municipios más afectados por la pobreza, la violencia y los cultivos ilícitos”.

Nadie sabe a ciencia cierta qué son esos tales Programas, y mucho menos se ha calculado su relación beneficio/costo. Lo que se puede colegir es que se trata de implementar rigurosamente lo convenido en el Acuerdo Final, posiblemente para acometer la tal “reforma agraria integral”, que en ningún caso puede considerarse como inversión productiva. Las grandes posibilidades agropecuarias del país requieren una política moderna, dinámica, técnica y productiva, todo lo contrario de una marcha hacia un romanticismo demagógico, bucólico e improductivo, llamado a desembocar en el colectivismo rural que explica el hambre persistente en los pueblos bajo el socialismo agrario.

Pero sí es preocupante ese elevado rubro, no parece que al gobierno le baste con cumplirles así a las Farc. Por fuera de este capítulo de “la paz”, hay un renglón de $ 46.7 billones con claro tufillo de AF. El doctor Archila, Consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación (sic), explica que: “El Gobierno está comprometido con las víctimas, con la reincorporación de los excombatientes y con las familias que están en sustitución voluntaria de cultivos ilícito” (1). Agrega: “Iván Duque tiene un alto compromiso con la implementación y pretende ir más allá de lo acordado (…)" (2)

Así las cosas, en el mejor de los casos, el gobierno, a través de este PND, se compromete apenas a gastar unos $9 billones anuales en todo lo que las Farc obtuvieron de su cómplice, Juan Manuel Santos. Por definición todas esas partidas son contrarias a la racionalidad económica del modelo de la economía social de mercado, consagrado en la Constitución del 91, que es infinitamente mejor, aunque imperfecto, que el modelo marxista del socialismo del siglo xxi, que las Farc exigen, prevalidas de una supraconstitución espuria e inconveniente, pero con el respaldo popular de 50.000 votos.

Una cosa es que el Dr. Archila afirme: “Los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz están contemplados en el PND”, y otra cosa es que existan. Ya se vio que para incorporarlos al presupuesto de 2019 hubo que apelar a una reforma tributaria que resultó insuficiente para equilibrarlo, pero socavó gravemente la base política del gobierno. En 2020, 2023 y 2022, parece que habrá que apelar a iguales o mayores exacciones, como lo ha dado a entender Juan Camilo Restrepo, autor de un excelente texto sobre Hacienda Pública y exministro del ramo.

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El PND, lastrado y secuestrado por las Farc, no puede ser herramienta eficaz para un crecimiento del 4.5 % anual. Al contrario, lo puede reducir peligrosamente, o anularlo ante el horizonte 2022, hacia el cual el país avanza sin optimismo.

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El fugaz gobierno de Pedro Sánchez ha resuelto todos los problemas económicos y sociales de España al profanar la tumba de Franco, contando con la ambigua actitud del Vaticano.