Tras la primera legislatura del período 2018-2022, el Congreso de la República ha quedado en deuda con la ciudadanía, los otros poderes del Estado y la historia. Y es que, en vez de recoger y tramitar mandatos y demandas ciudadanos, ambas cámaras guiadas en forma lamentable por sus mesas directivas, gastaron sus primeros once meses en espectáculos de rabuleo, indiferencia y cinismo.

Negarse a discutir y decidir la votación en bloque a las objeciones presidenciales a la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz equivalió a no tramitar una propuesta legal, en tanto eran objeciones por conveniencia, y legítimas, pues recogían el sentir ciudadano sobre los reparos a esa instancia. Habiendo convertido el trámite de objeciones en un pulso de poder, el Congreso renunció a escuchar argumentos, razonar y decidir atendiendo la voluntad de una mayoría ciudadana que en múltiples jornadas electorales ha reclamado ajustes al acuerdo final con las Farc. En un vergonzante punto final, y en despliegue insensato de incoherencia, la Cámara de Representantes boicoteó la presencia de a. jesús santrich en las sesiones, a pesar de que al negar las objeciones presidenciales le había franqueado al convicto las puertas del recinto parlamentario.

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El Congreso también dio la espalda a la ciudadanía al dejar hundir por vicios de trámite, algunos de ellos insólita expresión de cinismo, las iniciativas que desarrollaban la consulta anticorrupción, ejercicio de democracia participativa que no logró ser mandato a pesar de su altísima votación. Contra la consulta actuaron el haber sido convocada en un año en que concurrió con otras jornadas electorales y el que muchos ciudadanos adherentes a esa consulta llevaban la frustración de que el Gobierno, el Congreso y las cortes hubieran desconocido las mayorías que se expresaron en el plebiscito sobre el acuerdo final con las Farc. La notificación a un país hastiado con la corrupción de que uno de sus principales agentes, el congreso, no tiene voluntad de cambio, abre caminos a un salto al vacío con consecuencias aún difíciles de descifrar.

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Frente a sus grandes deudas con la agenda nacional, el Congreso exhibe en esta primera legislatura normas sesgadas por el interés particular de sus promotores y amenazadas de tener pobre impacto. La reforma tributaria tendrá que ser corregida, pues no demuestra aún sus capacidades de impulsar la actividad económica y ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas; tampoco demuestra su faceta de mejorar el financiamiento y la gestión del gasto público. La de un plan nacional de desarrollo excesivamente reglamentario, en el que grupos de presión, apoyados por poderosos sectores políticos, consiguieron generosas canonjías a cargo de los contribuyentes. La de la Ley TIC, que no ofrece soluciones a los más serios problemas del sector: el acceso a redes para los sectores más pobres y alejados, y la consolidación de eficientes instrumentos de control a los operadores del sector. No son menores decisiones como la llamada “prima de canasta familiar”, que pone en riesgo el empleo formal, o la segunda vuelta para elecciones de alcalde de Bogotá.

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Las decisiones e ineficiencias del Congreso son criticadas al unísono, pero no hay unanimidad sobre sus causas. La más notoria para nosotros es la polarización política más que diferenciación ideológica, situación que converge con la pérdida de sentido, voluntad de análisis y deliberación, por los partidos y movimientos que parecen representar al centro, aunque aún no encuentran su lugar ni entienden el importante papel que tienen por cumplir en un espectro más amplio. Concurre con esta dispersión del panorama político, la valiente decisión gubernamental de dejar de esparcir la mermelada que en los últimos años sirvió para cohesionar sectores dispares y no afines al Gobierno.

La forma como fueron tramitados los proyectos de ley y como se cumplieron los ejercicios de control político en esta primera legislatura que acompaña al presidente Iván Duque deja muy pocas esperanzas sobre las posibilidades de que el Congreso dé trámite responsable, o sea argumentado, riguroso y votado a conciencia, a proyectos que necesariamente deberán ser presentados en el futuro próximo, siendo los más necesarios y notorios los de la reforma fiscal que reanime la economía y ordene el gasto público; la reforma política que traiga orden a la las actividades partidistas y electorales; la reforma a la justicia que devuelva rigor y confianza a las altas cortes, y, por supuesto, la reforma a las normas anticorrupción, que el país clama. ¡Amanecerá y veremos!

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Comentarios:

Nelson
2019-06-23 07:22:20

Al congreso no le interesa el pueblo, no le interesa acabar con la corrupcion porque directa o indirectamente la patrocina o supuestamente está juntado y para ellos es importante la polarización del pueblo para que conozcan que hacen bajo cuerda. Por favor Colombia despierta, abre tus ojos, piensa y actúa con el voto a favor de los que consires estan a favor del pueblo

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