Aquel noviembre de 1989, días después de la caída del Muro de Berlín, emergía, aprobado por la Asamblea General de la ONU, un instrumento de protección a la niñez mundial personificado en la Convención sobre los Derechos del Niño que, precisamente hoy, cumple 30 años de vida. 

Han transcurrido tres décadas convulsas y de transformaciones significativas para la humanidad. Pese a que la caída de la Unión Soviética albergaba la expectativa de tiempos mejores, sin las tensiones marcadas por la larga Guerra Fría, lo que siguió fueron años de guerras interétnicas, multiplicación del terrorismo y conflictos regionales de toda índole, todos con severas consecuencias para la niñez. Han sido, al mismo tiempo, 30 años de cambios tecnológicos de dimensiones incalculables, marcados en buena medida por la revolución digital, cuyas constantes señales median de una nueva manera el desarrollo humano de las nuevas generaciones 

El nacimiento de la Convención trajo un estándar ético y moral transformador de la relación con la niñez del mundo.  Producto de la sensibilidad e inteligencia del entonces director ejecutivo de Unicef, James P. Grant, los 54 artículos de la flamante Convención, llegaron acompañados por la propuesta de un potente plan de acción enfocado en los temas que más afectaban a la niñez y que cada país signatario tenía la responsabilidad de adecuar a su realidad nacional. 

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El impulso de los primeros años se tradujo también en la aprobación de numerosas leyes nacionales dándole a la niñez lugar prevalente y llamando a la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ellos y sus derechos.  El reverso de este avance positivo es que, en no pocos casos, esas leyes han ido perdiendo vigor como guías éticas para la acción.

Han sido tres décadas de significativos avances en muchos terrenos, especialmente en lo que respecta a la sobrevivencia infantil, salud y cobertura educativa de niños y jóvenes. Prevaleció la mirada hacia la niñez reconociéndola como sujeto de derechos, cambio más que importante con respecto a la época previa.

Los estados reconocieron -cuando no ampliaron- su conciencia de que la realización de los derechos de niños y adolescentes era responsabilidad suya y no asunto de primeras damas, entidades caritativas o iglesias. Era común en los 80s y 90s que los ministerios de salud esperaran el apoyo internacional para llevar a cabo campañas de vacunación. Hace años que no es así y los gobiernos, casi sin excepción, han hecho suya tal responsabilidad. Esa apropiación, con sus luces y sombras, se ha extendido a otras esferas de la política pública para los menores de edad.

Tal vez porque la atención estuvo puesta en salud y educación, otros temas como la violencia, el maltrato en sus múltiples formas, -especialmente contra las niñas- la infracción penal juvenil, crecieron exponencialmente, sin que se hayan encontrado respuestas adecuadas.

A esos rezagos, multiplicados con el paso del tiempo, hay que agregar los retos producto de la evolución reciente: revolución digital y sus consecuencias en la niñez, cambio climático, emergencias, migraciones, agravamiento de la inequidad que recae con doble fuerza sobre niños y niñas, para mencionar los más acuciantes.  

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El enfoque de derechos se ha debilitado al punto que, en muchos países, la política pública para la niñez se ha reducido a la prestación de servicios destinados a atender sus necesidades básicas, cuando no al control represivo de la violencia, perdiéndose de vista la dimensión fundamental de la formación de sujetos de derechos, participativos y portadores del indispensable empoderamiento ciudadano. ¿Cuánto de lo que ocurre en nuestras sociedades no obedece, precisamente, a esta falencia?  Hay que asegurar que la realización de los derechos incluya todas las dimensiones, indivisibles e interdependientes, del desarrollo integral de niños y niñas, ya que es esta, sin duda, la cuenta más largamente pendiente.

Vienen para esta Convención, la más ratificada en la historia, años de dura prueba. Mucho ha contribuido en estas tres décadas a los avances positivos que se cuentan en todas las regiones del mundo.  No puede perder su vigencia como instrumento de transformación positiva y quedar relegada en los anaqueles gubernamentales. Ni ella, ni las leyes nacionales que inspiró. Por el contrario, debe ser fortalecida, en todas las formas posibles, por ser factor para el fortalecimiento de nuestras democracias y la construcción de ciudadanos conscientes y participativos, capaces de enfrentar la era desafiante que estamos viviendo.