En un documento de 401 páginas estaría reseñado el supuesto pacto que alteró las tarifas del concreto en Colombia.
La Superintendencia de Industria y Comercio (Sic) reveló un informe en el que señaló a tres grandes cementeras de haberse cartelizado. Según el documento aportado por la supervisora, se realizó un seguimiento a las actividades de esas compañías, que durante 2010-2012 habrían impulsando alzas de un 36.8% en las tarifas del producto.
En la reseña divulgada, la SIC apuntó que en el periodo de tiempo antes señalado, se pudo evidenciar un alza paralela en los precios del material expendido por las compañías involucradas en el hecho, razón por la cual se recomendó sancionar económicamente a quienes estaban detrás del supuesto caso competencia desleal.
En palabras aportadas a un medio nacional, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dilucidó que “ahora se le dará traslado del texto a los investigados para que se defiendan, luego se convocará al Consejo Asesor de Competencia para tomar una decisión”.
Los implicados en este caso de presunta cartelización, de acuerdo con la SIC serían: Cementos Argos, Holcim y Cemex, que acorde con lo establecido por norma tendrían un lapso de 20 días para responder a los señalamientos, en ese orden de ideas la aplicación o no de las sanciones económicas se conocerá en unos dos meses, posiblemente, antes de que termine este año.
Argos se pronunció al respecto y afirmó que “Las imputaciones de la SIC no las compartimos y nos parece que el análisis, en un periodo de 36 meses, llega a conclusiones erradas de la dinámica del mercado y de la industria”.
Por su parte, Cemex envió a la Superintendencia Financiera una comunicación, en la que anotó que “el informe motivado tiene carácter de recomendación, que cierra la etapa de investigación y que no implica la culminación del proceso ni la condena al pago de una sanción o multa”.
Si el superintendente Pablo Felipe Robledo acepta las recomendaciones para imponer sanciones a estas compañías, las multas podrían llegar hasta los 70.000 millones de pesos por cada conducta, es decir que cada empresa podría pagar 140 mil millones de pesos.