Hoy no se sabe con exactitud cuántas personas fueron víctimas de desaparición forzada con ocasión del conflicto armado en la zona de influencia del megaproyecto Hidroituango, que comprende doce municipios del norte y el occidente antioqueño: Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño, que conforman la zona de impacto directo, además de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Liborina, Olaya, San Andrés de Cuerquia y Yarumal.
Por eso, en el marco de la audiencia para indagar por los restos de esos desaparecidos, que realizó esta semana en Medellín con el fin de recolectar información que permita tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ante la posibilidad de que allí puedan encontrarse personas inhumadas, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP estableció obligaciones para las partes comprometidas, a través de las cuales espera poder entregarles “respuestas más precisas y concretas” a los familiares y allegados que siguen en la búsqueda de sus seres queridos.

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Pruebas de lo hecho

Por eso, “a la Fiscalía General de la Nación se le ordenó allegar información de cifras consolidadas para el departamento de Antioquia en materia de desaparición forzada, para lo cual se le concedió un plazo de diez días. Así mismo los documentos relacionados con el informe que le entregó a EPM en el que se manifiesta que fueron agotados los lugares de inhumación y demás en la zona de incidencia del proyecto”, explicó el magistrado Gustavo Adolfo Salazar, relator del caso.

Antes, en su presentación, la Fiscalía había referido que, previamente, realizó una “prospección en el tramo seco de la construcción de la presa, inclusive utilizando un georradar para la ubicación de restos y el resultado fue negativo para hallazgo de restos óseos humanos”.

En cuanto a la certificación que le entregó a EPM para que interviniera los cementerios de Orobajo (Sabanalarga) y Barbacoas (Peque), manifestó el fiscal Alonso José Alvear Pérez que el ente “sólo se encargó de los muertos por hechos violentos, muertes naturales no es nuestro resorte, no era nuestra función y les informamos que la autoridad municipal tendría que hacerse cargo” de esa parte.

Tarea que asumió EPM con el departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, como sólo fueron identificados 25 de los 349 cuerpos recuperados en esos cementerios, la Fiscalía explicó que “hasta hoy no hemos tenido un informe que permita tener una evidencia de hechos violentos”, pero se comprometió a revisar los dos casos reportados el martes por la antropóloga forense Timisay Monsalve Vargas, que tenían, al parecer, evidencias de signos de violencia: “Vamos a proceder en esos casos y si es del caso traeremos esos cuerpos a nuestros laboratorios”, dijo el fiscal.

Adicionalmente, la Fiscalía debe entregar las entrevistas realizadas en el marco de Policía Judicial o por fiscales y declaraciones tomadas en relación con la búsqueda de información sobre los lugares de enterramiento y desaparición forzada, que dijo haber realizado en campo. También la información relacionada con la participación de la comunidad en la búsqueda de los cuerpos. Adicionalmente le fueron solicitadas las investigaciones por desarrollo de minería ilegal en el curso del río Cauca, en los municipios de incidencia del proyecto hidroeléctrico. Y, de igual manera, si en esas investigaciones se adelanta alguna adicional por la afectación de los posibles lugares de enterramiento y la desaparición de cuerpos o restos de personas posiblemente víctimas de desaparición forzada o de otro tipo de crímenes.

Actas y compromisos

En relación con EPM, la magistratura le ordenó remitir la comunicación de la Fiscalía General de la Nación donde se les autoriza a realizar la recuperación de cuerpos de los cementerios referidos en la audiencia, así como el informe de actividades de recuperación de cuerpos y las bases de datos existentes con ocasión del  contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, Integral y EPM.

Eso sí, la exposición de EPM da fe de la debida diligencia en cada proceso, pues en su presentación se argumentaron las acciones realizadas, siempre concertadas con la comunidad y con la autorización de la Fiscalía, como fue el traslado administrativo de los cuerpos de los cementerios, todo enmarcado en disposiciones legales vigentes y con el foco puesto en el factor humano, tanto los desaparecidos como las víctimas.

A la Gobernación de Antioquia, que al término de la audiencia debió entregar las actas de la mesa departamental de desaparición forzada, se le ordenó anexar un universo de víctimas de desaparición forzada en los municipios de influencia del proyecto, además de la información respecto al cumplimiento de las metas de indicadores de desaparición forzada en el plan de desarrollo y en la política pública departamental de víctimas.

En el caso de la Universidad de Antioquia, además de ordenar una inspección técnica al laboratorio de antropología, donde reposan los cuerpos recuperados y no identificados, se le ordena la entrega de las diapositivas enseñadas en relación con la presentación de la doctora Timisay Monsalve, en todo lo pertinente al traslado administrativo de los cuerpos de los cementerios de Orobajo y Barbacoas.

El Ministerio del Interior debe, por su parte, presentar en quince días hábiles un plan de visita a los cementerios de los municipios de influencia del proyecto Hidroituango, presentar un diagnóstico de los cuerpos encontrados y no identificados en los cementerios de Toledo e Ituango. A partir del mismo diagnóstico, debe informar a la misma Jurisdicción si se coordinarán acciones con la Fiscalía General de la Nación y con Medicina Legal para la identificación de los cuerpos no identificados, de acuerdo con las competencias que tiene el Ministerio.

Y al partido Farc, que reconoció su responsabilidad como uno de los actores armados en esa zona de conflicto, por lo que además pidió perdón a las víctimas, se le ordenó “entregar un cronograma de actividades, un listado de mando de esa organización, rango y períodos, especificados por territorios, para que sean entrevistados por la Jurisdicción, y entreguen información relacionada con lugares de inhumación. Asimismo debe entregar una relación de los voceros regionales y locales, que garanticen la interlocución con la Jurisdicción”.

Asimismo, la magistratura le dará traslado del listado de nombres concretos, elaborado por el Movice y el movimiento Ríos Vivos, de víctimas sobre las cuales se solicita información, para lo cual el hoy partido político pidió tiempo “porque en esa época no teníamos nada sistematizado” y habrá que consultar con mandos y excombatientes de la época para esclarecer cada hecho. Pero el “compromiso es ayudar al esclarecimiento de la verdad”, dijo el congresista por el partido Farc, Omar Restrepo Correa.

Búsqueda y exhumación

Al final, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra manifestó que “en términos prácticos, esta audiencia posibilitó tener mucha más información que no teníamos antes, y con un cruce de información y completitud de todos los elementos y materiales de prueba que van a ser allegados, poder identificar cuáles son esos posibles lugares que debemos proteger para la garantía y búsqueda de los mismos y hacer todos los procedimientos adecuados en la exhumación, identificación y posterior entrega digna a los familiares”.

A lo que agregó el magistrado Salazar que “la Sección ya tiene información de posibles lugares de inhumación, hay un material no sólo proveniente de Socya y la Fiscalía, sino de los pobladores. Esperamos con la participación del partido Farc y su compromiso y demás trabajos que se hagan con entidades y con pobladores de la región, terminar lo más pronto el inventario de posibles lugares de inhumación y contrastarlo con los lugares de prospección y exhumación presentados por la Fiscalía. Eso determinará si hay una diferencia entre los dos universos, y a partir de la ubicación específica de cada uno de esos sitios, determinar la medida que sea pertinente”.

Ante la eventualidad del hallazgo de enterramientos en zona del embalse, el togado fue claro en señalar que “el tema del desembalse -vaciar la presa- no es una consideración y menos sobre consideraciones hipotéticas. Si se llegara a tener alguna probabilidad de sitios de inhumación en zonas de inundación ya se verá cuál es la profundidad y las posibilidades técnicas y los recursos a los que haya lugar para proceder a la prospección e inhumación”.

También hay que decir que la búsqueda de esas personas dadas por desaparecidas puede continuar, y no sólo en el embalse, pues la zona de influencia del proyecto tiene más de 380.000 hectáreas y el embalse representa el 1% de ese territorio, lo que quiere decir que en el resto de la zona (99%) podrían también hallarse sitios de enterramiento no descubiertos hasta hoy. Además, porque antes del embalse el caudal del río Cauca era de 1.030 metros cúbicos de agua por segundo, fuerza capaz de arrastrar una piedra de una tonelada de peso como si fuera una hoja de papel. Por lo que expertos consideran que, muchas de las personas desaparecidas que en aquella época fueron arrojadas desde los puentes por parte de los actores armados, no están ahí, posiblemente fueron a dar a otros lugares.

En cuanto a EPM y la Gobernación de Antioquia, el magistrado precisó que la insistencia que se les hace es a que “básicamente eleven los estándares de exigencia y de diligencia tanto en el tratamiento de las víctimas como en la determinación de los lugares de inhumación y las dinámicas y políticas relacionadas con desaparición forzada”. Y en ese sentido señaló que “este momento es una oportunidad para que los gobernantes que sean elegidos este mes, realmente incorporen indicadores que respondan a las necesidades de las víctimas de desaparición forzada, entendiendo que el departamento de Antioquia y el área de Hidroituango tienen la mayor incidencia de ese fenómeno, comoquiera que estamos hablando de cerca de mil personas dadas por desaparecidas en los doce municipios del área de impacto. Universos mayores sobre los cuales debe haber una política de respuesta, que debe estar centrada en la búsqueda, la exhumación y la preservación de la memoria”.