A partir este viernes, los centros penitenciarios y carcelarios de todo el país normalizarán sus actividades, luego de que el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, firmara acuerdo con los representantes sindicales del Inpec para levantar el "plan reglamento" que tenía en vilo el sistema penitenciario en el ámbito nacional.

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El "plan reglamento", consistía en no recibir a ningún recluso para presionar al Gobierno a llegar a acuerdos.

Entre lo pactado está la presentación de dos proyectos de ley ante el Congreso de la República durante la próxima legislatura. El primero busca la ampliación de la planta de personal del Inpec con 2.800 empleos: 2.300 para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia y 500 administrativos.

El segundo, garantizaría un seguro de vida para todos los trabajadores que integran la planta del Inpec.

Adicionalmente, por intermedio del Fondo Nacional del Ahorro, les podrán otorgar créditos excepcionales a los funcionarios para educación y vivienda, así como también se les refinanciará los créditos que se encuentren en mora.

Para esto, el Ministerio de Justicia anunció que a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pondrá en marcha la Ley de Adición Presupuestal de 2017 por valor de $70.000 millones, la cual permite tener la planta de personal completa.

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Asimismo, esta cartera se comprometió a citar a una mesa técnica para adelantar un diálogo entre las partes que permita desarrollar el acuerdo del 2015 en temas como trabajo suplementario, regulación de la jornada laboral, unificación de requisitos de pensión del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y la pensión de riesgo para el personal administrativo.

Tras los acuerdos logrados, los trabajadores sindicales se comprometieron a normalizar las actividades laborales. El Inpec hará un plan de contingencia para recibir paulatinamente a los internos que se encuentran en las estaciones de policía y Uris con el fin de garantizar una efectiva ubicación que respete sus derechos y su dignidad humana.