Coincidentes en tiempos y resultados cuantitativos y geográficos, la ONU, a través de Unodc, y el Gobierno Nacional, por medio del Ideam, han publicado el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, informe anual correspondiente a 2016; y el informe semestral para 2017-1 del monitoreo de deforestación. Las investigaciones coinciden mayoritariamente en las áreas con sus datos sobre crecimiento de la actividad cocalera y aumento de tala de bosques. Aunque es construido por instancia de la ONU responsable del control a actividad ilícitas y crímenes, el Monitoreo de cultivos ilícitos coincide en su enfoque y sus tesis con el Gobierno Nacional, que declara a Colombia como país en “estado de transición”, condición que presentan como ruta a una especie de arcadia feliz nacida de los acuerdos con las Farc y caracterizada por la paz y la legalidad. Las cifras, sin embargo, sugieren el paso a un país sometido por grupos criminales dedicados a la producción de coca y la minería ilícita.

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El dato básico, y más divulgado, del monitoreo de cultivos ilícitos es la cantidad de hectáreas sembradas de coca, que sólo entre 2015 y 2016 creció en 52%, haciendo que el país alcance la mayor área afectada por ese cultivo en toda su historia y retome el trágico primer lugar como productor de coca y alcaloide, puesto en el que desplaza a Perú y Bolivia. En el último año se “dispararon” también el número de familias comprometidas en esta actividad ilegal (ver contraportada), y el uso de territorios protegidos (parques nacionales naturales y territorios ancestrales de indígenas o afrodescendientes). La ONU propone como explicación a esta “disparada”, las condiciones creadas por el Gobierno, en el contexto de los acuerdos con las Farc, que han favorecido que se pierda la sensación de riesgo por participar en esa actividad mientras se promueven confusiones sobre la ilicitud de esa actividad. A los mensajes equívocos en esta dirección se agregan los incentivos económicos a los campesinos cocaleros, que han sustituido las políticas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos y suplantado, además, las políticas de desarrollo agrícola y los apoyos a los productores legales. El resultado es el mar de coca en Putumayo, Tumaco, el Catatumbo, Caquetá, Guaviare, todas antiguas zonas farianas.

Aunque no sustenta su conclusión con datos o evidencias concretas, el estudio de la ONU admite que ha ocurrido la total desmovilización de las Farc agregando que en los territorios abandonados por esa organización comienzan a emerger otros grupos criminales que buscan control territorial, hecho que, si es cierto, relativiza aún más el valor de los sacrificios de la sociedad a las Farc. Tal tesis no explica, sin embargo, los mecanismos por los cuales se consigue que las comunidades locales, hasta diciembre sometidas por el terror de las Farc, obedezcan a nuevas organizaciones y cabecillas llegando al punto de sumarse a las actividades delictivas para seguir sus mandatos. El documento también deja pendientes explicaciones, que el país y el mundo reclaman, sobre la notoria ausencia de autoridades públicas que ofrezcan oportunidades y contengan la ilegalidad en territorios que siguen sometidos al dominio del delito, o sea de la falta de paz.

Sobre una estrategia equívoca, lea

El Ideam entregó el informe semestral de deforestación, documento de difícil acceso para el ciudadano. Como el de cultivos ilícitos, este refleja un importante crecimiento de las hectáreas afectadas, 44% en un semestre, perspectiva que desmiente anteriores publicaciones del Gobierno sobre disminución de la tala. Las referencias de este documento a las zonas mayormente afectadas (ver infográfico en contraportada) demuestran que la amenaza contra los bosques ocurre en los municipios y departamentos más afectados por el crecimiento de cultivos ilícitos, siendo Chocó, departamento dominado por la minería ilegal, la única excepción. Esas coincidencias geográfica y cuantitativa, sobre hectáreas dañadas por las actividades económicas de la economía criminal hacen difícil admitir la reiterada tesis gubernamental, que atribuye la deforestación generalizada al aumento de la frontera agrícola y la praderizacion incentivada por inciertos que pretenden aumentar la tierra en sus manos.

Vea sobre inconsistencias en informes de deforestación

Por la inocultable gravedad del crecimiento de actividades criminales en los territorios de las Farc y del reposicionamiento del país como nación cocalera, el país merece explicaciones realistas y asunción de responsabilidad política de las autoridades nacionales que no evitaron el crecimiento de actividades que a todas luces se anunciaban.

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