En el debate por la venta de activos de EPM, que regresa al Concejo esta semana, algunos sectores de la sociedad han puesto el ojo sobre las transferencias de excedentes al Municipio que, según plantean, no deberían superar el 30% establecido por Acuerdo Municipal.
Apremiada por la necesidad de liquidez para honrar sus compromisos financieros durante los próximos tres años, Empresas Públicas de Medellín (EPM) regresa al Concejo de la ciudad esta semana para defender la necesidad de que el Cabildo apruebe el proyecto de Acuerdo 150 de 2018, por medio del cual se le autoriza a enajenar su participación accionaria en ISA, además de otros activos.
La crisis que se desató en Hidroituango hace ya cinco meses fue el origen de una situación que muchos sectores han interpretado como una amenaza a la sostenibilidad financiera de la llamada “joya de la corona” del municipio de Medellín.
Si bien EPM ha insistido en el Concejo y en otros espacios públicos que su situación financiera es sólida y sus movidas actuales tienden a preservar tal solidez, desde el Sindicato de Profesionales (Sinpro) se abordó un aspecto al que otras voces se han unido y que tiene que ver con el peso de las transferencias de excedentes que EPM le hace al municipio en la sostenibilidad económica futura de la empresa.
“Es hora de que el Concejo, la Alcaldía, EPM y todas las instituciones de la ciudad, revisemos el tema de las transferencias al Municipio. El Convenio Marco firmado en 2007 puso en riesgo la sostenibilidad de la empresa y pisoteó el Acuerdo 69 de 1997 al aumentar las transferencias del 30 al 55% de las utilidades de EPM”, señaló días atrás un comunicado de Sinpro a la opinión pública.
Según ese órgano sindical, entre transferencias, regalías e impuestos, EPM ha aportado a Medellín, al departamento de Antioquia y a la nación más de 16 billones de pesos en la última década.
“A los alcaldes de Medellín les ha quedado más fácil administrar la ciudad con los recursos que le transfiere EPM al Municipio, puesto que en algunos casos estos recursos constituyen entre el 20 y el 25 por ciento del presupuesto total de la Administración Municipal”, expresó Olga Lucía Arango Herrera, presidente de Sinpro, quien añadió que “se hace necesario que los planes de desarrollo de la ciudad deban estar ajustados a la realidad financiera tanto del Municipio como de EPM”.
David Suárez Tamayo, exsecretario general de EPM, recordó que el Acuerdo 69 de 1997, que se transformó a EPM de establecimiento público a Empresa Industrial y Comercial del Estado, fija la transferencia de excedentes en un tope del 30%.
Sin embargo, explica, después del año 2000 “se cogió un vicio y es que llevaban al Concejo a aprobar unas transferencias extraordinarias; decían que el 30% del Acuerdo eran dizque ordinarias pero que extraordinariamente se podían aprobar más”.
Lo que hizo el Acuerdo Marco de 2007 fue, según Suárez, consagrar lo que era una práctica recurrente, “con la salvedad de que un convenio entre la Alcaldía y EPM no modifica un Acuerdo, no tiene la misma fuerza normativa”.
De este modo, cada año en el Acuerdo de Presupuesto municipal, o cada alcalde en el Acuerdo del Plan de Desarrollo, define el monto de las transferencias, que desde 2011 ha sido del 55%.
El concejal del partido Conservador, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, sostiene, en defensa de ese monto de transferencias, que Medellín ha sido viable económica y socialmente por EPM. “La empresa es la que ha mantenido la inversión social en el Plan de Desarrollo y creo que reducir la inversión social en Medellín es un tema bien complejo porque hoy la Nación no está asumiendo esa responsabilidad social con los municipios y menos con Medellín”, dijo en diálogo con EL MUNDO.
La tesis según la cual apegarse a unos excedentes del 30% anual ayudarían a EPM a gestionar su situación actual, divide las opiniones de diversos sectores de la sociedad.
Carlos Julio Díaz, presidente de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, coincide en que las finanzas de la ciudad han sido muy dependientes de EPM, pero resalta que “Medellín ha sido una ciudad bastante boyante en los últimos diez años, normalmente las proyecciones que hace el Municipio en ingresos se quedan por debajo de lo que se ejecuta y hay dificultades para ejecutar lo que se proyecta en gastar”.
Añadió que aunque EPM no está ad portas de una liquidación, la empresa “debe empezar a revisar un poco las fallas internas que han llevado al fracaso de este proyecto y de otros proyectos de inversión” pues, sostiene, “la política en la alta gerencia está imponiéndose frente al criterio técnico”.
Desde Sintraemsdes, su presidente en Antioquia, Gildardo López, advierte que “el municipio no ha cuidado esa joya de la corona que es EPM, porque EPM tiene unas transferencias que son mayores a lo que deberían ser”, aunque reconoce que si esas transferencias no llegaran no sería posible realizar una serie de inversiones que son para la comunidad.
“En este momento estamos mirando de dónde sacamos esos siete billones de pesos que el gerente dice que se necesitan, pero no se está pensando en que el Municipio también debería hacer un esfuerzo y decir, si las transferencias son más de lo que deben ser, entreguemos lo que debe ser y apretémonos el cinturón”, argumentó.
El concejal Zuluaga, en cambio, sostiene que no cree que ningún alcalde ni ningún Concejo esté en la capacidad de reducir la inversión social y las transferencias de EPM: “Eso sería un mal mensaje que se le daría a la situación social de la ciudad”, advirtió.
El exsecretario general, David Suárez Tamayo, indicó por su parte que las transferencias no son lo que tiene en déficit financiero a EPM pero sí suma.
“Si uno suma lo de los últimos siete años, que han sido unos 8 billones, y si a eso le quitamos el 25%, es decir, si nos apegáramos al 30%, estaríamos hablando de 2 billones menos”, ilustró.
“Cuando uno es dueño de algo tiene derecho a las utilidades; si a la empresa le va bien, el Municipio recibe más y eso se transfiere en inversión, pero si está mal, en un momento de crisis, yo creo que el Municipio como dueño también debe ser uno de los que aporten reduciendo durante los próximos dos o tres años ese porcentaje de transferencias de las utilidades”, expresó y añadió que “EPM se va a amarrar el cinturón, va a vender inversiones, y antes de vender ISA, que es estratégico, se debería congelar, al menos dos o tres años, esas transferencias”.
El gerente de Planeación Financiera de EPM, Juan Carlos Castro Padilla, le explicó a EL MUNDO que si hay utilidades, mínimo está garantizado el 30% de los excedentes para el municipio de Medellín.
“Que se supere ese 30% pasa por dos discusiones, la primera es que hasta el año 2019 está vigente el Plan de Desarrollo de la administración Gutiérrez, que estableció un excedente extraordinario del 25% y eso está en un Acuerdo Municipal que rige hasta el 31 de diciembre de 2019”, anotó.
La segunda es que para el período siguiente, 2020-2023, “no existe todavía una definición legal al respecto, lo que esperamos es que la Administración que llegue se siente con EPM para definir cuál sería entonces esa transferencia extraordinaria que supere ese 30%. En todo caso esperamos que se dé la discusión dentro del marco del gobierno y que ese monto esté acorde con las finanzas de EPM”.
Según las proyecciones realizadas, en 2020 sí se verían aporreadas las transferencias al Municipio, por cuanto en el escenario de 36 meses de contingencia y si en 2019 se retoma el control del proyecto Hidroituango, lo que EPM estima es que recuperar los daños va a afectar las utilidades del año 2019 en casi 400.000 millones, lo que haría bajar la base de excedentes para 2020, enfatizó Castro Padilla.
Sobre las transferencias para 2019, el funcionario indicó que “esperamos este año terminar con utilidades superiores a los 2 billones de pesos, entonces cuando hablamos de un excedente de más de un billón de pesos es a partir de los estimativos de cierre del año 2018”.
Finalmente, el gerente de Planeación Financiera de EPM explicó que para modificar las transferencias del 55% que actualmente se están haciendo “habría que modificar el Acuerdo Municipal”, y reconoció que eso sería un aporte para la empresa.
“Lo que pasa es que ese aporte sería poco con relación a las necesidades de recursos que tiene la organización. Necesitamos aproximadamente siete billones de pesos. En el período siguiente, de 2020 a 2023, ese 25% menos de excedentes estaría aportando cerca de un billón de pesos si se estableciera el 30%”, puntualizó.