Cuatro de los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango, dos de ellos principales y dos suplentes, hicieron públicas las tensiones que se viven dentro del organismo rector del proyecto hidroeléctrico mediante la publicación de un comunicado de ocho puntos en el que cuestionan algunas actuaciones y declaraciones del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, frente al proyecto.

Los firmantes son Ramiro Valencia Cossio y Marco Velilla Moreno, miembros principales en representación de EPM, y sus suplentes personales Jesús Aristizábal Guevara y Jorge Mario Pérez Gallón, quienes fueron nombrados en diciembre pasado y ratificados en la Asamblea de socios celebrada en marzo pasado en un ambiente de elevada tensión, según trascendió en círculos políticos.

En la comunicación, los firmantes dejan claro que el Gobernador de Antioquia ostenta la calidad de presidente de la Junta Directiva de la sociedad Hidroituango pero cuestionan que “en múltiples ocasiones” ha dado declaraciones con afirmaciones “que pudieran parecer oficiales de la compañía y que de alguna manera pudieran traer consecuencias económicas, financieras y reputacionales para ella”, cuando todavía no se han determinado “con plena certeza” las causas de la contingencia ocurrida el año anterior “y mucho menos deducido responsabilidad a presuntos responsables, si los hubiere”.

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Reclaman también que, en reiteradas ocasiones, Pérez Gutiérrez ha anunciado a través de los medios de comunicación “la imposición de sanciones, cuantías de multas y denuncias ante diferentes organismos en contra de EPM como contratista y de sus directivos, como si estas acciones obedecieran a una decisión de la Junta Directiva”.

Si bien reconocen que la Junta ha dado aprobación a algunas propuestas del gobernador, dejan constancia de su extrañeza de que una de ellas llevara a que “el libro de la autoría del señor Gobernador titulado Errores constructivos de Hidroituango fuera acogido como el informe oficial para la sociedad Hidroituango” cuando a juicio de los nuevos integrantes de la misma, “el libro citado es la visión personal del señor Gobernador”, basada  en el estudio contratado por la Gobernación con la Universidad Nacional que, enfatizan, “no nos ha sido suministrado hasta la fecha a pesar de las reiteradas solicitudes, tal como consta en diferentes actas”.

Finalmente, cuestionan las reiteradas declaraciones que el mandatario seccional ha hecho en el sentido de que EPM tiene la obligación, como contratista, de pagar las cláusulas penales de apremio y de incumplimiento “y otros valores dejados de percibir por Hidroituango por la no entrada oportuna en operación de la central”.

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“Nuestro marco de acción lo determinan la ley, los estatutos y el contrato Boomt. Si seguidos rigurosamente los procedimientos pactados y probados fehacientemente los supuestos de hecho y de derecho que prueben un presunto incumplimiento de las obligaciones contraídas, no dudaremos en tomar todas las acciones que lleven a resarcir los perjuicios que se puedan haber causado y el cumplimiento de todo lo acordado contractualmente”, finaliza el comunicado.

Respuesta inmediata

El comunicado firmado por los cuatro miembros de la Junta de la Sociedad Hidroituango salió a la luz este lunes y tanto en la noche de ese día como en la mañana de este martes, el gobernador Luis Pérez se refirió al mismo.

En primera instancia, el mandatario señaló que “los representantes de EPM en la Junta están diciendo mentiras” y añadió que “este problema de Hidroituango se nos ha convertido en una lucha por buscar la verdad”.

“EPM trata de confundir la opinión y ocultar la verdad y a los que queremos que la verdad salga adelante nos toca una lucha a veces incomprendida, porque luchar por la verdad en un ambiente donde hay tanto poder no es fácil”, manifestó y retó a los señores Valencia Cossio y Velilla Moreno a que renuncien si se prueba que ellos no están diciendo la verdad.

“Si el Gobernador no está diciendo la verdad, que renuncie a la Junta; pero si los miembros de EPM en la Junta de Hidroituango están diciendo mentiras, pues no merecen estar en la Junta y deberían renunciar y buscar personas que luchen por defender a Hidroituango, porque cuando a uno lo nombran en la Junta es para defender a Hidroituango y no a otra empresa”, dijo, haciendo referencia a EPM.

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Este martes, el mandatario se ratificó en que la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango considera que EPM debe responder por la crisis, puesto que la empresa es la que usa la licencia ambiental y recordó que desde octubre del año pasado la Junta aprobó el cobro de la multa por la no entrada en operación del proyecto.

Finalizó pidiendo a los miembros de la Junta de la hidroeléctrica por parte de EPM que lean más sobre la situación de la obra y que no se conviertan en razoneros de otros.

Una junta apretada

La Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango tiene cinco miembros principales de los cuales tres son nombrados por la Gobernación de Antioquia al poseer, en conjunto con el Idea, la mayoría accionaria, con un porcentaje del 2,15% y el 50,74% respectivamente.

Tales integrantes son el gobernador Luis Pérez, la gerente del Idea, Liz Álvarez, y el asesor empresarial Alfonso Giraldo. Los suplentes son Mauricio Restrepo, Rafael Mario Villa y Adolfo León Palacio. Giraldo y Villa fueron nombrados en marzo.

Los restantes dos miembros los nombra EPM, que posee el 46,33% de las acciones (otros accionistas poseen el 0,78% de las acciones.

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Esta conformación explica el por qué las votaciones sobre los temas más complejos que afronta el proyecto siempre se han saldado con un resultado de 3 a 2.

Según Gustavo Jiménez, gerente general de la Sociedad Hidroituango, en octubre pasado la Junta aprobó que la contingencia “no era excusable” y para tal efecto tomó en consideración el libro de Luis Pérez en el que señala las conclusiones del estudio que contrató con la Universidad Nacional.

Añadió Jiménez que en marzo el gobernador Pérez Gutiérrez presentó diez causas para que fueran asumidas por la Junta como las causas raíces de la contingencia, “situación que también fue aprobada en la junta directiva 3-2”.

“Consecuentemente con la declaratoria de que el evento no es excusable y la ratificación del estudio que aprobó la Junta de causa-raíz, y también teniendo en consideración el estudio de Skava (…) se debe empezar a hacer el procedimiento para hacer efectivas las cláusulas penales de apremio; esa votación quedó 3-2 también”, añadió el gerente.

Adicionalmente, recordó Jiménez que la Junta no aprobó en 2015 y no ha aprobado hasta ahora ningún plan de aceleración, sino que dejó en manos de la gerencia que él ostenta evaluar, a la luz de la matriz de riesgo, si los egresos que se dieran dentro del plan de aceleración que traía EPM con el fin de poder agilizar la terminación del proyecto, se podían considerar o no como costo base de remuneración.

Finalmente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió en defensa de los firmantes del comunicado, de quienes dijo, “son independientes y se han expresado justamente en lo que creen que debe ser el proceder frente a una contingencia como estas”.

Añadió que su posición frente a las continuas controversias sigue siendo la misma: “en momentos de crisis solo hay dos opciones, o pone la cara y pone el pecho y saca adelante esos problemas o simplemente da la espalda y se dedica a estorbar y a echarle la culpa a otros; yo escogí la primera y sigo y seguiré poniendo la cara y seguiremos poniendo el pecho”, enfatizó y reiteró que así los miembros de la Junta tengan la delegación de una empresa “tienen que actuar de acuerdo a la ley y a la ética y eso es a lo que ellos se han referido”.

Y puntualizó: “Me parece que es un buen comunicado”.