El proceso constituyente que impulsa el Gobierno venezolano mantiene movilizado al chavismo, que afinó este viernes su maquinaria para practicar este domingo las elecciones a la Constituyente, y a la oposición, que prevé que 11 millones de personas expresarán ese día su rechazo al cambio de Carta Magna.

El 16 de julio los venezolanos están llamados a expresar su apoyo o rechazo a la Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro en una consulta convocada al margen del Gobierno por la oposición, que ve este proceso como un intento del oficialismo de "consolidar la dictadura" y aspira a detenerlo.

Este mismo domingo, el chavismo hará un simulacro, convocado por el Poder Electoral, sobre las elecciones del próximo 30 de julio, día en que se escogerán a los redactores del nuevo y eventual ordenamiento jurídico del país. El jefe de campaña del oficialismo para la elección de la Constituyente, Héctor Rodríguez, dijo que para este simulacro hay 2.000 puntos instalados en todo el país y 2.000 máquinas electorales. Ante esta actividad, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) convocó a su estructura de movilización, con la que pretende probar toda la maquinaria electoral.

"Esta es una instrucción a todos los comandos de campaña, que este domingo, aparte de hacer el simulacro, vamos a aprovechar el Comando Zamora para probar toda la maquinaria electoral", dijo Rodríguez en un encuentro con la militancia, en referencia al comando de campaña para la Constituyente. Según Rodríguez, el operativo será para "corregir" todo lo que deba corregir, "y llegar al 30 de julio en una elección perfecta".

Rodríguez, quien además es candidato en este proceso, pidió a los movimientos sociales y a los partidarios de la llamada "revolución bolivariana" seguir "afinando los 1x10", un mecanismo que orienta a cada militante a movilizar al menos a diez electores. Mientras tanto, los opositores ultiman los preparativos para su consulta popular, un proceso sin aval ni logística del CNE y que las autoridades han considerado ilegal. 

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El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, señaló este viernes apoyándose en un estudio de la encuestadora Datanálisis que se espera la participación de al menos 11 millones de personas en esta consulta. "Eso sin contar a quienes viven en el exterior. Si el domingo salen 11 millones de venezolanos, el día lunes pasaremos a una etapa de más presión. La hora cero depende de la contundencia de este 16 de julio. Las próximas horas son decisivas", dijo el líder opositor.

Además, resaltó que ese día los venezolanos ofrecerán "un mensaje bien claro" y que el Gobierno "tendrá que respetar esa decisión". Ante la jornada del domingo, compartida entre el simulacro y la consulta opositora, Capriles responsabilizó al gobierno de cualquier hecho de confrontación que se pueda generar ese día.

Entretanto, y en el marco del choque entre poderes que atraviesa el país caribeño, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó someter el próximo lunes a la prueba del polígrafo a la Fiscal General, al Defensor del Pueblo y al Contralor General, quienes conforman el Poder Ciudadano de la República.       

"En base a la investigación que cursa el TSJ sobre un antejuicio de mérito a la Fiscal General en torno a calumnias hechas contra miembros del Poder Ciudadano, anuncio que el Tribunal Supremo de Justicia acordó realizar a miembros del Poder Ciudadano la prueba del polígrafo el lunes 17", informó el defensor, Tarek William Saab,
en Twitter.

Según el ombudsman, la prueba del polígrafo, también conocida como "detector de mentiras", debe ser realizada por la policía científica de ese país (Cicpc). Saab aceptó que le sea realizada la "prueba de la verdad" para esclarecer los hechos donde la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, "acusó falsamente" a la Contraloría y la Defensoría del Pueblo de "no haber convocado, ni hecho" una reunión para preseleccionar a los magistrados de la alta corte, que a ojos de la fiscal fueron designados de manera ilegítima.

Ortega se declaró en rebeldía respecto a las sentencias del TSJ, que le congeló las cuentas bancarias y le prohibió salir del país como medidas cautelares previas a su decisión sobre la existencia de motivos para enjuiciarla. El alto tribunal tomó esta decisión semanas después de que la fiscal denunciara una ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo.