Son seis las empresas que serán investigadas por el ente de control para establecer si tuvieron participación premeditada en el paro cívico de transportadores que se realizó en el eje bananero.
La Superintendencia de Puertos y Transporte abrió investigación a seis empresas de transporte tras el cese de actividades que se realizó en Urabá para protestar contra la ubicación y el inicio de cobro en tres peajes del eje bananero.
El ente de control investiga a Coointur, Sotraurabá, Sotragolfo, Sotracor, Transportes Gómez Hernández y Cootransuroccidente, empresas de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera que operan en el Terminal de Transporte de Apartadó y que según la entidad, habrían contribuido a afectar la prestación del servicio público de transporte durante la jornada de paro cívico que se adelantó este miércoles en el Urabá antioqueño.
Las investigaciones se adelantan luego de diferentes quejas de la ciudadanía y tras operativos realizados en el terminal de transporte de Apartadó, hechos que permitieron a la Supertransporte establecer que algunas de las rutas no tuvieron funcionamiento desde este municipio con destino a Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Tierralta (Córdoba), Chigorodó, Zungo y Carepa, entre otras.
“Es nuestro deber velar por la prestación del servicio para el cual fueron habilitadas las empresas. Estamos investigando por qué no están movilizando a los ciudadanos desde y hacia Urabá”, indicó el superintendente Javier Jaramillo.
A través de un comunicado, Supertransporte informó que se consultó a las empresas bananeras que operan en la zona para que informen cuáles son las empresas de servicio de transporte especial y mixto que se han negado a prestar el servicio público en la zona para iniciar las investigaciones respectivas.
Las empresas de transporte indagadas tienen tres días hábiles para responder al ente, que además ordenó al terminal de transporte de Apartadó remitir diariamente la relación de despachos realizados por dichas empresas, con el fin de hacer seguimiento a la prestación del servicio en la región.
Si la investigación determina que alguna de estas empresas dejó de prestar el servicio, se aplicarán multas hasta de $546 millones, por violación a las condiciones de la habilitación que les otorgó el Ministerio de Transporte.