Para casi seis millones de ciudadanos, la promesa de que su afiliación al sistema de salud les garantizaba acceso a atención y cuidados acordes con sus necesidades y enfermedades, es una frustración que ven crecer con los arrumes de quejas, denuncias y reclamos desatendidos por instituciones que se han demostrado incapaces de resolver la marejada de corrupción, ineficiencia o viveza de los directivos de Salucoop, Cafesalud y Medimás, entidades responsables de no haber cumplido sus obligaciones contractuales con la protección del derecho de sus pacientes a la salud.

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El desastre de lo que hoy es Medimás data de la década pasada, cuando el Gobierno y los órganos de control se hicieron de la vista gorda con el derroche de Carlos Palacino, cuya penalización sigue siendo aplazada, de haber desangrado la más grande EPS del país y haber debilitado el sistema de salud. Apenas en 2011, la Supersalud determinó intervenir y quitarle el manejo de la institución a quien la había asaltado, una decisión que abrió un largo paréntesis que el Gobierno fracasó en resolver trasladando sus pacientes a Cafesalud. Ante ese fracaso, se determinó la venta sin muchas garantías a Medimás, que a 30 días de operación confirma su incapacidad para asumir la tarea, cuya gravedad conocían perfectamente.

Las dificultades de Medimás, el consorcio adjudicatario de la venta de Cafesalud, agravian, pero no sorprenden. Porque su juventud como organización e inexperiencia en el sector salud fueron advertidos por la Procuraduría, los senadores Sofía Gaviria y Jorge Robledo, y el analista José Roberto Acosta, quienes en junio intentaron detener la apresurada entrega de los pacientes a un advenedizo. Ese empeño por proteger a los pacientes, exigiendo un nuevo proceso de venta de Cafesalud, fue abortado al permitir una venta que lamentan los pacientes no atendidos, los prestadores agobiados por la falta de pagos y nuevos acuerdos, así como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, órganos de control que pudieron demostrar que esa EPS apenas tiene contratos de atención con el 1% de las IPS del país, que negocia con 17% más, y que no ha establecido contacto con el 80% restante, según denunciaron este jueves.

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La salud es un derecho fundamental. No sólo porque lo consagró la Constitución sino porque es el derecho más asociado al de la vida. Garantizarla es responsabilidad inicial de las organizaciones del sistema, pero si ellos fallan, como está ocurriendo en esta situación, es una obligación del Estado. Que falla tanto como los operadores. Lo hizo desatendiendo la necesidad de reformar el sistema, una responsabilidad de la Comisión Séptima de la Cámara de Representante. Lo reiteró con la falta de sanción a los culpables por el desastre de Saludcoop. Y lo acaba de confirmar con la decisión de la Supersalud de no intervenir, sino hacer “vigilancia especial” a Medimás, decisión que no augura atención oportuna para los pacientes y solución a la crisis de los prestadores.