A pocas horas de la elección de la abogada cundinamarquesa Diana Constanza Fajardo Rivera como nueva magistrada de la Corte Constitucional, el senador del partido de La U, Armando Benedetti, dijo que si ella no llegaba al alto tribunal las Farc se levantarían de la mesa. En lugar de ayudarla a elegir, ese comentario estuvo a punto de dañar la magistratura que ganó por solo 5 votos frente al conservador Álvaro Motta Navas. La declaración de Benedetti que molestó en muchos sectores, fue calificada por su copartidario Mauricio Lizcano, el presidente del Congreso, como “inoportuna”. Yo creo más bien que como todas las suyas, fue “oportunista”.

Claro, la nueva magistrada tuvo que insistir en que no ha tenido cercanía con las Farc ni las representa. Pero como todo lo que ocurre con la mentirosamente denominada “posverdad”, sus explicaciones no serán oídas por quienes prefieren pensar que sí, como no son necesarias para quienes no le dieron crédito al exabrupto del senador. Él salió pronto y sonriente a reclamar el triunfo de la elección, consciente de que ya hizo el daño a la imagen de la destacada jurista que en cada decisión de la Corte sobre el proceso de paz estará bajo sospecha.

Así funciona el entramado de los oportunistas: las convicciones y los principios bailan al ritmo que mejor suene y al calor de la opinión. Otro ejemplo de ello se evidenció esta misma semana, cuando un grupo de Representantes con el aval de Carlos Alonso Lucio, el esposo de la senadora Vivan Morales, decidió apelar la decisión de la Comisión Primera sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo o familias monoparentales. Aunque la exfiscal había aceptado la derrota y había desistido de apelar, su esposo y otros congresistas que dicen tener el apoyo de nueve iglesias, decidieron reabrir el debate.

Lo que verdaderamente les interesa es que se hable del tema, pero sobre todo de ellos. Más que el razonamiento sobre la evolución de los grupos familiares o el futuro de los niños abandonados, están interesados en su propio futuro político. Por eso enarbolan banderas que saben que despiertan pasiones y se venden como los defensores de la familia y las costumbres; porque más allá del resultado de su proceso, de si aceptan o no la apelación, de si hay o no consulta a los electores, ellos serán identificados como los defensores de la moral y esperan frutos de eso en las próximas elecciones, como seguramente ocurrirá.

Vea también: La cultura de la legalidad

Así funciona nuestra opinión pública, cada vez más concentrada en el ruido que en las nueces. Tal vez por eso, poco se ha oído hablar del proyecto de ley de Spin Off, o de derivados y beneficios adicionales que pudieran resultar del trabajo de investigación en las universidades como consecuencia de la creación de nuevas empresas en las que los profesores investigadores pudieran tomar parte y recibir retribución. Ya algunas universidades privadas han demostrado que se puede y que cuando los científicos se retan y consiguen nuevas patentes que representan ingresos adicionales, pueden ser estimulados; pero en las universidades públicas no es posible sin la aprobación de una ley que lleva dos años en trámite.

Una iniciativa liderada en 2015 por Ruta N, Tecnnova y Colciencias que logró comprometer en la hoja de ruta a 32 instituciones que ya suman 70. La idea es materializar el fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica (conocidas como Spin Off), lo que significa emprendimiento que genera ideas y empleo para jóvenes investigadores, además del estímulo para los profesores que son servidores públicos. Empresas basadas en el conocimiento, en la transformación de la investigación académica en productos y servicios para el mercado real y que ayudan a dinamizar la economía, al tiempo que mueven la frontera de la ciencia, como seguramente se evidenciará en agosto durante la feria Tecnova. 

El proyecto está a un debate para su aprobación. Esperemos que ningún oportunista encuentre un beneficio adicional en malograrlo o desacreditarlo.