Aproximadamente 101 líderes sociales fueron asesinados en 2016, según un informe revelado por el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) sobre violaciones de la vida y la integridad de estos activistas. En 2017, según cifras de la Vicepresidencia, se han presentado 51 homicidios a esta población validados por Naciones Unidas.

El aumento sostenido de los asesinatos de estos actores políticos encendió las alarmas en los colectivos sociales del país, ante lo cual, varios de ellos se declararon en paro y protestas permanentes ante la presunta inacción del Gobierno Nacional frente a lo que califican como un “exterminio”.

Frente a esto, el presidente Juan Manuel Santos manifestó el pasado viernes que según las investigaciones de las autoridades, las muertes de estas personas no constituyen un patrón de sistematicidad y agregó que la mayoría de los casos esclarecidos por la Fiscalía corresponden a razones personales.

Esta respuesta no dejó conforme a dichas organizaciones sociales, las mismas que consideraron que las medidas anunciadas por el Gobierno de aumentar la presencia de la Fuerza Pública y mejorar el sistema de alertas tempranas no se han concretado en la realidad y que deben ser aplicadas urgentemente, según lo manifestó Olga Lucía Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

“Las amenazas e intimidaciones por parte de grupos paramilitares y otros grupos armados han sido constantes, sobre todo en las regiones del Cauca y el suroccidente colombiano, en donde se han producido la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales desde que se agudizó la situación. Exigimos al Estado que brinde todos los elementos de protección, que se esclarezca lo que está pasando y quiénes están detrás de esto”, exigió Quintero.

“Las vidas que se estaban perdiendo por enfrentamientos entre el Ejército y las Farc se redujeron, algo muy positivo. Sin embargo, las muertes de los líderes sociales siguen aumentando. ¿Cuántos más deben morir para que comprendan que es sistemático? Hay que ponerle la lupa a esto, y debe haber una política seria que capture y castigue a las estructuras responsables”, reiteró.

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Sobre esto, el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró a EL MUNDO que “el Gobierno Nacional adoptó medidas especiales de protección y de seguridad individuales y colectivas en todo el territorio, tales como la puesta en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual busca lograr una mayor coordinación entre las diferentes entidades del Estado para mitigar el riesgo de estos homicidios”. 

Naranjo explicó, frente a las quejas de falta de garantías por parte de las organizaciones sociales, que estos planes vienen siendo aplicados prioritariamente en las zonas más afectadas por el conflicto y de mayor riesgo para los líderes. “Somos conscientes de la difícil situación y por esta razón, a través del Ministerio de Defensa, hemos fortalecido las operaciones contra el crimen organizado”, agregó.

¿Qué respuesta debe haber frente al asesinato de líderes sociales?

Para la líder social de Ascamcat la mejor seguridad que pueden darles es que se genere un país sin polarización, pues consideró que la acción política ejercida por ellos, la denuncia y sus pensamientos diferentes no deben implicar que los asesinen. “La estigmatización hace que tilden de guerrilleros a los líderes y eso en Colombia es ponernos una ‘lápida encima’. Por esto, es necesario mostrar que realmente se puede combatir estos grupos ilegales y eliminar los imaginarios errados sobre los grupos sociales en el país”, precisó.

Sobre los señalamientos a los que se enfrentan a diario, Quintero continuó en el relato: “Nos dicen que defendemos la coca, pero realmente queremos proteger a los campesinos que dependen de ella, los cuales requieren un tránsito hacia los cultivos de uso lícito. También buscamos que pare el asesinato de miembros de sindicatos. Un líder habla, denuncia y transmite las exigencias de toda una comunidad”.

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Por su parte, el vicepresidente Naranjo aseguró que la única respuesta que el Gobierno debe dar son resultados concretos, “lo que significa esclarecer los casos ocurridos y desmantelar las organizaciones criminales”.

Para esto, la vicepresidencia implementó la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las Organizaciones y conductas Criminales, pactada en el Acuerdo de Paz con las Farc. Sobre este ente, pese a que aún le hacen falta trámites administativos, ya se viene adelantando labores de investigación junto con el Cuerpo Élite.

Las tragedias campesinas continúan

Las Farc denunciaron el pasado jueves el asesinato de una familia campesina en la Vereda Buena Vista, del municipio de Mesetas (Meta), cerca al Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración(Etcr) Mariana Páez, sobre lo cual manifestaron que desconocen el responsable.

Según un comunicado del grupo en fase de reincorporación, tres personas fueron asesinadas y una persona permanece desaparecida, además que resultaron afectados varios menores de edad.

Este grupo se unió al clamor de las comunidades expresando: “Pedimos al Gobierno Nacional y a las demás autoridades competentes se investigue y se aclare lo sucedido”.