El enorme inconformismo nacional obliga a que los dirigentes entiendan que “democracia”, no es el gobierno de las personas elegidas, y ni siquiera el de las mayorías, sino “el Gobierno de todos”, por eso los gobernantes deben saber que además de válidas sus decisiones, deben ser legítimas,   lo que es posible si se sabe interpretar y ponderar los intereses de todos los habitantes del territorio.

La democracia ha trascendido y de la existencia de derechos fundamentales esenciales, como la vida, la igualdad, la libertad, el derecho de petición,… hemos avanzado a otros derechos con mayor grado de desarrollo como son los derechos políticos, económicos,  sociales y culturales,  y además a derechos colectivos como son el de tener acceso a los servicios públicos y a un medio ambiente sano. 

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De los derechos formales, hemos pasado a un nivel superior que hace referencia al derecho a tener una “vida digna”, lo que implica que el Estado adopte las medidas necesarias para que el bienestar no sea el privilegio de unos pocos, sino que todas las personas puedan a acceder a derechos esenciales como son en la actualidad, la salud, la educación, el transporte, la recreación y a servicios de acueducto, saneamiento básico, energía y  tecnologías de la información y las comunicaciones.

La protesta y la movilización social son mecanismos que se ha ideado la democracia de participación y el Estado social de derecho, para que los ciudadanos hagan valer los derechos que son afectados o amenazados,  por la actitud de sus gobernantes, y tienen como propósito buscar un cambio en la orientación de las políticas públicas que ha adoptado el Estado.

En estas condiciones el diálogo es el camino de solución, para ello se requieren mentes abiertas al reconocimiento de los derechos de todos,  con capacidad de renunciar en especial a la existencias de privilegios no justificados,  o a la inequidad en las relaciones sociales, que deben construirse con bases justas, que solo son posibles si existe equidad para todos.

Es a través del acceso universal a los servicios públicos, como lograremos construir una mejor vida para todos, lo que implica que tanto las autoridades locales, como las nacionales incluyan el tema como prioritario en las agendas de gobierno, y no le den un tratamiento marginal, pues se trata de asuntos esenciales en el bienestar que las comunidades reclaman.

Para la construcción de una política pública adecuada en servicios públicos, no es suficiente entender que se han liberalizado y que pueden prestarse en condiciones de “libre competencia”, por el contrario, se requiere la acción decidida del Estado, que intervenga las actividades económicas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines sociales de los servicios públicos,  y que en su prestación no se está incurriendo en abuso de posición dominante y desconociendo los derechos de los actuales y potenciales usuarios.

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Si temas como: la eficiencia y la equidad tarifaria, el funcionamiento adecuado de los fondos de subsidios destinados a atender las necesidades de la población con menor capacidad de pago, la puesta en vigencia y aplicación de los planes de gestión integral de residuos sólidos, la prestación de servicios públicos bajo esquemas diferenciales que reconozca las condiciones especiales de los sectores más vulnerables de la población, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad en el uso de recursos naturales, no entran en el orden del día con el énfasis necesario en las agendas gubernamentales, se están generando condiciones adecuadas para el reclamo social y la protesta ciudadana.

Es tarea de los gobernantes  identificar los problemas que afectan el bienestar ciudadano y el desarrollo integral de la sociedad, ponerlos en la agenda de sus gobiernos, y darles solución adecuada y oportuna, para ello deben privilegiar asuntos asociados a la prestación de servicios públicos, pues sin duda, su prestación constituye uno de los fines esenciales del Estado y permiten que todos podamos acceder a condiciones de “vida digna”.

Si no se atienden las necesidades básicas de la sociedad, y si los gobiernos no garantizan el cumplimiento de los fines sociales del Estado, tanto las autoridades locales, como las nacionales deben acostumbrarse al reclamo legítimo,  que es el instrumento que el Estado social de derecho reconoce a todos los ciudadanos.