Informa Medicina Legal que en el año 2017 aumentaron en 303 los exámenes practicados por hechos de violencia no fatal contra infantes y adolescentes, pues estos pasaron de 10.082 en 2016 a 10.385 el año pasado. También indica ese organismo que en 2017 se registraron en Colombia 1.162 muertes violentas, de las cuales 113 se perpetraron contra personas entre 0 y 17 años; 35 de esos homicidios fueron cometidos por padrastros, la madre, el padre o la madrastra.  El deplorable panorama de la violencia contra la infancia y la adolescencia se agrava con el registro de delitos sexuales contra esta población, que pasaron de ser 18.416 en 2016 a 20.663 en 2017.

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Los crímenes contra la niñez y la juventud son castigados con sanciones correspondientes con la categoría constitucional que da prevalencia a los derechos de la infancia; consecuentemente, los culpables no pueden ser beneficiados con excarcelación. Sin embargo, estos crímenes gozan de la vergonzosa protección de la impunidad, que bordea el 90% de los hechos denunciados y que hasta se institucionalizó tras el visto bueno de la Corte Constitucional a las decisiones del acuerdo final con las Farc que consagraron beneficios a los responsables de los crímenes de reclutamiento forzado y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

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Este contexto de aumento exponencial de ataques contra esa población particularmente vulnerable y la incapacidad del Estado para evitarlos y castigarlos exige propuestas que logren quebrar la normalización por algunos, la tolerancia por otros y la indiferencia de las mayorías, frente a la gravísima violencia contra niños, niñas y adolescentes. En esa dirección, abundan drásticas propuestas que siguen conquistando apoyo popular. También emergen iniciativas más complejas que justicieras, dirigidas a contrarrestar los fundamentos de la violencia contra los menores de edad. Entre ellas está la propuesta de proyecto de ley para prohibir el castigo físico y los tratos humillantes a niños, niñas y adolescentes. Iniciativas en tal dirección vienen siendo aprobadas desde 1979 (ver gráfico de contraportada) y ya son ley en 54 países.

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La Alianza por la niñez colombiana, organización experta y plural de instituciones que trabajan por la niñez, conmemora el Día mundial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a celebrarse el próximo 20 de noviembre, con la promoción de la ley que propone prohibir los castigos físicos o humillantes, por ser estos una de las principales causas de la mayor violencia contra los menores de edad. En su análisis reconoce que las autoridades colombianas no han determinado cuántas de las muertes o lesiones físicas graves de infantes y adolescentes ocurren por excesivos castigos físicos perpetrados en el hogar. Señala también la organización que siendo los daños físicos muy graves, ellos no son la única seria consecuencia de los castigos en los que los adultos ejercen violencia física o sicológica contra los niños. Otras afectaciones demostradas son la mayor labilidad a enfermedades cardiovasculares, artritis u obesidad; la tolerancia y proclividad a la violencia, además de serios daños emocionales y sicológicos, como inseguridad y miedo.

El proyecto de ley, que los promotores esperan llevar al Congreso en el primer semestre de 2019, impulsa una prohibición con impacto jurídico, pero sobre todo con efectos culturales, en tanto contribuirá a convertir en tabú una práctica tradicional y generalizada que la sociedad no sólo ha aceptado como “normal”, a veces porque la considera inevitable, sino que la ha premiado, con la equivocada idea de que el ejercicio arbitrario del poder, que es la violencia del superior contra el indefenso, del protector contra el protegido, es una forma de ganar autoridad de los adultos frente a los niños bajo su responsabilidad.

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La vigencia de esta norma, que para su trámite necesitaría de gran apoyo popular, demandaría del Estado mejoramiento de sus capacidades punitivas para proteger a la niñez y la adolescencia, así como la instalación de capacidades gubernativas (en el Icbf y en Mineducación) y judiciales (en las comisarías de familia) para reeducar a los adultos a fin de que aprendan a formar a los niños conel ejemplo primero y con autoridad, rigor y tanto amor como se requiera para acompañarlos a comprender e interiorizar normas, límites y derechos de los otros. Aunque impone nuevas responsabilidades, este proyecto de ley merece ser apoyado por su capacidad de ampliar las capacidades de protección de la infancia, así como las que tiene en su carácter formador de una cultura noviolenta, que rompa con las excusas que han justificado la violencia como método de crianza o aprendizaje.