Colombia celebra hoy el sexagésimo aniversario del Plebiscito de 1957, momento democrático que avaló los acuerdos construidos por Alberto Lleras Camargo, a nombre del Partido Liberal, y Laureano Gómez, por el Conservador, con el propósito de poner fin a la violencia liberal-conservadora. En tal votación, el país también dio la bienvenida a la ciudadanía de las mujeres, que por primera vez en la historia ejercieron su derecho al voto, tema al que habremos de referirnos a espacio en otro momento.

Este memorial es el de un hito de la voluntad de unidad del país. Los miembros de dos partidos protagonistas de la llamada Violencia, que dejó más de 600.000 muertos, acordaron unas reglas de juego democráticas y respetuosas de las instituciones, para recuperar la paz del país, y 4’169.294 ciudadanos, el 95% de los votantes, las avalaron en entusiasta participación. Del 5% restante, 206.654 ciudadanos rechazaron el plebiscito, 20.738 votaron en blanco y 194 votos fueron nulos. Pasando por encima de la clara demostración de la voluntad popular, algunos personeros de los votos minoritarios calificaron el acuerdo como “excluyente” y fortalecieron un discurso sobre desigualdad, asociado a la lucha de clases, que originó una nueva violencia política y construcciones teóricas justificatorias para ella, al menos antes de que sus protagonistas se asociaran al narcotráfico.

La conmemoración que hoy se celebra coincide, con diferencia de unos cuantos días, con el aniversario de la firma, entre el presidente Santos y alias timochenko, del Acuerdo del Teatro Colón, que reavivó el “acuerdo final para la terminación del conflicto armado” con las Farc, a pesar de que este había sido rechazado el 2 de octubre por 6’431.376 votos, el 50,21% de los emitidos en una jornada en la que apenas participó el 37,43% del censo electoral.

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A diferencia del gran acuerdo de 1957, el que hoy se implementa ha fracturado a la sociedad colombiana. Ello, por la forma como el Gobierno del presidente Santos impuso su firma irrespetando las reglas más básicas de la democracia y pasando por encima de la institucionalidad democrática, un atropello para el que ha contado con la aquiescencia de la Corte Constitucional, que legitimó la refrendación por el constituyente derivado, y el Congreso, que se apresuró a negar la voluntad ciudadana. Sus espurios procedimientos provocaron la división de los colombianos a propósito de los medios que unos y otros reclaman como legítimos para lograr la paz. Muchos declaramos que una paz nacida en la justicia es la única posible; otros, por el contrario, persisten en firmar compromisos de paz, sin importar el precio a pagar, o los sapos a tragarse.

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El país de 1957 estaba unido. Y así llegó en 1958 a unas elecciones en las que prácticamente aclamó a Alberto Lleras Camargo por su esfuerzo por hacer una paz digna que recuperara la democracia. La Colombia de 2017 está fracturada, y mira a las elecciones de 2018 con pocas esperanzas que así se abra paso a la restauración de las instituciones y a una paz verdaderamente justa y aceptada por las mayorías.