Con la llegada de nuevos gobiernos al departamento de Antioquia y a la alcandía de Medellín, es de esperar que se registre un impuso a  fondo a las políticas públicas regionales en materia de servicios públicos domiciliarios y de  TIC, de tal manera que se avance en implementación de las herramientas previstas en la Constitución Política,  que han sido  reglamentadas en el Plan Nacional de Desarrollo y  que deben verse reflejadas en los Planes locales.

Sin duda temas como los asociados al acceso al agua potable, al saneamiento básico, a la energía y las TIC, no son marginales para la gestión administrativa que deben adelantar las autoridades locales, pues se trata de asuntos que afectan transversalmente la calidad de vida de las personas, el desarrollo social y varios derechos individuales y colectivos que están asociados a su prestación. 

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Un tema común en la agenda del gobernador y del alcalde es el futuro de Hidroituango, asunto que debe tratarse con el máximo de responsabilidad con la región, con el país y especialmente con los usuarios y con la población que ha resultado afectada con los avances del proyecto, pues es necesario hacer una evaluación integral, ya que no debe limitarse al éxito de la obra y al cumplimiento de los compromisos con el sector de energía, pues es necesario que se definan asuntos asociados  a los derechos de los habitantes de la región, a la protección y restablecimiento pleno de las condiciones ambientales y a los posibles efectos tarifarios.

Ojalá se pueda crear un instrumento que permita tener claridad plena sobre el pasado, facilite la entrada en operación del proyecto, se garantice que no habrá efectos sustanciales en las tarifas que deben pagar los usuarios finales de la energía generada, se reconozcan plenamente los derechos afectados a los habitantes de la región y se puedan adoptar medidas que restablezcan plenamente las condiciones ambientales, este propósito debe ser objetivo común para todos los antioqueños.

En el caso de la agenda departamental es necesario: (i) impulsar el fortalecimiento de la Gerencia Departamental de Servicios Públicos y de la vinculación activa de los Municipios al Plan Departamental de Agua; (ii) se debe promover la prestación de servicios a través de esquemas diferenciales y de soluciones alternativas de acceso a los mismos, para lo cual se debe tener una estrategia social soportada en el desarrollo institucional de las comunidades organizadas; (iii)  se debe promover la puesta en marcha de la aplicación efectiva del catastro multipropósito que pueda vincular efectivamente la gestión integral del territorio con la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones, (iv) se debe fomentar modalidades de prestación de los servicios a través de soluciones individuales y colectivas, como complemento a las soluciones empresariales, (v) se debe asociar la prestación de servicios públicos con la política departamental de protección del medio ambiente, …  en fin,  se adopten  diferentes medidas previstas en el plan nacional de desarrollo que posibiliten que se cumpla el propósito de garantizar el acceso al bienestar de todos los habitantes del territorio. 

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En el caso del Municipio, es necesario que la subsecretaría de servicios públicos, asuma el liderazgo en temas como: (i) el fomento del uso de energías alternativas generadas en fuentes no contaminantes; (ii) la actualización del Plan de Gestión Integral de residuos sólidos, con el fin de identificar proyectos viables de aprovechamiento y adoptar acciones afirmativas a favor de los recicladores; (iii) la revisión en las políticas de acceso universal, protección de los derechos de los usuarios  y atención del mínimo vital en  agua y energía;  (iv) fortalecimiento de los comités de desarrollo y control social, como instrumento social en protección de los derechos de los usuarios;  (v) se revise y actualice el esquema de prestación del servicio de alumbrado público; y (vi)  se adopte una política territorial integral en relación con la masificación y apropiación de la utilización productiva de la tecnologías de la información.

Ojalá el gobernador y el alcalde puedan adoptar una agenda común en servicios públicos, en la que se puedan vincular diferentes sectores sociales, y en la que sin descuidar las competencias de específicas de cada gobernante, se pueda trabajar en forma conjunta por el bien de región y la protección de los derechos de todos.