En el año 2015, el DNP inició un proceso sancionatorio en contra el entonces gobernador Sergio Fajardo por destinar $8.000 millones de regalías directas para el pago de obligaciones con las EPS.
$8.000 millones de regalías directas para el pago de obligaciones con las EPS son el monto por el que fue multado en primera instancia Sergio Fajardo.
Tras la sanción emitida en primera instancia por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) contra el exgobernador Sergio Fajardo Valderrama, una multa de 20 Smmlv por uso de recursos de regalías para el pago de obligaciones del departamento de Antioquia con las EPS, el mismo anunció que interpondrá en los próximos días un recurso de reposición.
Según una comunicación oficial, Fajardo "respeta los criterios del DNP pero no los comparte y considera que la sanción no tiene mérito alguno dado que cubrir los servicios de salud de los más pobres es, sin lugar a dudas, un proyecto de inversión". Mientras que dicha institución había informado mediante resolución 4025 del 15 de noviembre de 2017, que la sanción se dio por presunto incumplimiento a la norma de utilización y ejecución de recursos provenientes de regalías, surgidas en visitas a la Gobernación.
Asímismo y por medio de un comunicado, aclaró que en el año 2015, el DNP inició un proceso sancionatorio en contra del representante legal de la Gobernación de Antioquia por haber destinado $8.000 millones de regalías directas para el pago de obligaciones con las EPS por servicios de salud prestados a la población no asegurada del departamento.
Según Fajardo, el proyecto fue aprobado en Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) departamental el 4 de Octubre de 2012. En esa ocasión habría participado el Gobierno Nacional a través de dos de sus ministros, así como los alcaldes elegidos para la época como representantes del departamento, obteniendo tres de tres votos posibles.
Es así como en 2015,el gobernador hizo descargos sobre el hecho y entregó las explicaciones relacionadas con el proceso descrito y en Noviembre de 2017 el DNP expidió la Resolución 4025, de la cual resaltó tres aspectos. En primer lugar, que la entidad, en su Resolución, reconoce que “el pago de estas obligaciones a las instituciones prestadoras de salud atendieron un fin loable, cual fue el de retribuir un servicio público prestado a la población más vulnerable del departamento de Antioquia, cuya responsabilidad se encuentra en cabeza del ejecutivo.
En segundo lugar, ” que “a partir de las normas mencionadas se concluye que en virtud del principio de universalidad que rige al Sistema General de Seguridad Social en Salud, todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a recibir la prestación de los servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, afiliación o contribución a este Sistema, así mismo se concluye, que a los departamentos les compete el pago de la atención en salud prestada a la Población Pobre No Asegurada a través de los recursos del Sistema General de Participaciones en el componente de salud o a través de los recursos propios.”
Y finalmente, que sin embargo, "el DNP considera que este proyecto técnicamente no corresponde a un proyecto de inversión y que por ende, no se podían utilizar los recursos de regalías para cubrir estos compromisos, ya que según ellos los proyectos de Inversión que contempla la ley 1530/ 12, deben apuntar al desarrollo económico de las regiones y a incrementar su productividad a través de las mejoras en competitividad y que éste proyecto no lo hace".
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