Con oportunidad, dadas las expectativas de las universidades y los bachilleres, y con responsabilidad social y fiscal, el gobierno Duque ha anunciado que trabaja en una política de educación superior que impone cambios en estrategias de financiación, acceso y calidad. Por eso, cierra el programa Ser pilo paga, único del gobierno Santos en educación superior. La transformación del programa de créditos condonables para los mejores bachilleres de los niveles I, II y III del Sisben no implica, ha precisado la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que el Estado deshonre compromisos adquiridos hasta el año 2023, a los que este gobierno destinará $2 billones, frente a los $1,08 billones que dedicó el gobierno Santos entre 2015 y 2018.

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La plausible decisión exige la revisión a fondo de los desarrollos y los impactos de Ser pilo paga en la calidad de la educación y en la vida de sus beneficiarios. Aunque existe un informe elogioso realizado por la Universidad de los Andes, la misma que diseñó el programa, no se han resuelto preguntas sobre cuántos estudiantes avanzan satisfactoriamente en sus estudios; cuántos se han atrasado en las carreras o han debido repetir materias -situación que les exige pagar su crédito-; cuál es la realidad de alumnos desertores o que hicieron cambio de programa, decisión que inexplicablemente no se reconoce como deserción. Estos datos, a su vez, ofrecerían respuestas sobre el estado de la cartera de los créditos que desde ya preveemos será cuantiosa y casi imposible de recuperar.

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Con los escasos datos ofrecidos por el Ministerio de Educación y las experiencias divulgadas, juiciosos analistas de la educación han reconocido logros que el gobierno Santos, las universidades beneficiarias y algunos medios de comunicación promueven, pero también han denunciado inquietantes desbalances del modelo.

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El más notorio desequilibrio ocurre porque cerca del 79% de los $3,08 billones que se invertirán entre 2015 y 2022 se pagará a universidades privadas, en especial a las diez que han recibido a gran parte de los estudiantes y de ellas a la que tiene matrículas más caras. El desbalance obedece a que una contundente mayoría de alumnos opta por las universidades privadas para estudiar sus carreras, una decisión insuficientemente explicada, y que nada tiene que ver con la calidad, como subrepticiamente llegaron a insinuar voceros del programa, en tanto las universidades de mayor calidad, según resultados en pruebas y rankings nacionales e internacionales, son las públicas. Al peso de la opción de los estudiantes ha de agregarse el mayor costo de la educación en las instituciones privadas, por el valor de sus matrículas y porque el programa no les exige corresponsabilidad en la financiación de los estudiantes.

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Otro protuberante desequilibrio ocurre alrededor de la procedencia y destino de los beneficiarios, una situación que tiene a profundizar la marcada e inconveniente inequidad territorial del país. Los datos de las cuatro cohortes beneficiarias muestran que casi la mitad de los estudiantes provienen, como se muestra en el infográfico, de Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico y Valle del Cauca, los departamentos con mayor progreso en el país, mientras que no llegan a mil en total los alumnos provenientes de los departamentos de Chocó, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía y Amazonas, los más urgidos de transformaciones territoriales que generen equidad. A tal desbalance ha de agregarse que la mayor parte de universidades escogidas están en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali, o sea en las mismas regiones cuyo desarrollo garantiza tener el mayor número de buenos estudiantes aún entre los grupos más vulnerables de la población. Dado que los alumnos no escogen los programas por razones de pertinencia frente a las necesidades del territorio y en tanto no existen compromisos de retorno, se profundizan inequidades que condenan a importantes territorios al abandono, el atraso, la informalidad, la ilegalidad y las violencias que estas condiciones atraen.

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Con su anuncio de esta semana, el gobierno del presidente Duque abre un postergado debate sobre la política de educación superior. En él será necesario atender los imperativos de equidad, equilibrio y calidad. Equidad en la cobertura y el acceso, para que sean más del 30% los bachilleres que logran acceder a la educación superior. Equilibrio en la financiación, para que alumnos, padres, instituciones, actores privados y Estado (contribuyentes) asuman corresponsabilidades, no necesariamente monetarias, con la financiación del sistema y el acceso de los alumnos más pobres. Y calidad, de modo que cumpla la promesa de que graduarse de educación superior es acercarse al conocimiento y propiciar que la persona y su familia puedan mejor su vida, una promesa que hoy apenas garantizan las 44 universidades, 17 de ellas públicas, que han sido acreditadas; estas, por cierto, apenas se acercan al 20% de las 206 instituciones de educación universitaria y tecnológica reconocidas por Mineducación.

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