El Senado de la República aprobó este miércoles el proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), resultado que se dio luego de casi cuatro horas de debate.

De esta manera, el Senado dio el visto bueno a la iniciativa en la que se incluyeron las modificaciones propuestas por el Centro Democrático y que tienen que ver con la extradición y el proceso para los militares y policías.

Acerca del primer punto, el texto que se aprobó determina que la Sección de Revisión de la JEP no podrá practicar pruebas para determinar la fecha de comisión de un determinado delito.

Así, la plenaria del Senado aprobó una proposición sustitutiva para el artículo 53 sobre extradición del proyecto de ley.

La modificación del artículo fue propuesta por la senadora Paloma Valencia, integrante del partido uribista Centro Democrático, al cual pertenece el presidente electo, Iván Duque, quien asumirá la Presidencia el 7 de agosto.

La propuesta señala que "la sección de revisión verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas".
Y destaca que "en ningún caso la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de quien fuere solicitado en extradición".

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Por otro lado, acerca del trato que se les dará a los uniformados, la senadora Valencia insistió en que éstos deberán contar con un nuevo mecanismo que deberá ser reglamentado dentro de un año y medio máximo.

En este punto, el texto avalado por la plenaria del Senado dice que "los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista. Sin embargo, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en ese caso se utilizarán los procedimientos aprobados por esta ley. Mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de esta ley y podrán igualmente solicitarlos y les serán concedidos de acuerdo con los requisitos vigentes. El gobierno y el Congreso tendrán 18 meses para presentar y aprobar dicho procedimiento".

Debido a que el texto avalado este miércoles por el Senado es diferente al aprobado en días pasados por la Cámara, tiene que haber un proceso de conciliación para adoptar uno de los dos textos, que luego deberá ser examinado por la Corte Constitucional para certificar si se ajusta a la Constitución o no.