La emergencia sanitaria originada por la pandemia del coronavirus covid-19 comienza a debilitar la globalización y según entidades expertas como la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), se advierte que se asiste a un proceso de desglobalización y de interrupción y debilitamiento de las cadenas suministro en el comercio internacional, tendencia que pareciera no es coyuntural, sino que ha venido para quedarse por mucho tiempo. Garantizar el suministro confiable de bienes esenciales para la calidad de vida y el desarrollo de la economía, se constituyen en una prioridad nacional y en consecuencia en un compromiso ineludible del Estado, se pone entonces al orden del día repensar y poner en acción estrategias en materia de políticas energéticas y de desarrollo industrial y tecnológico para fortalecer las capacidades nacionales de producción de este tipo de bienes y servicios. En esta dirección el Senado de la Republica y por iniciativa del senador antioqueño Iván Agudelo, ha convocado a unas audiencias públicas para examinar los temas de seguridad farmacéutica, alimentaria y energética, esta última a realizarse virtualmente el próximo 29 de mayo.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA - International Energy Agency) define la seguridad energética “como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible. La seguridad energética tiene muchos aspectos: la seguridad energética a largo plazo se ocupa principalmente de inversiones oportunas para suministrar energía en línea con los desarrollos económicos y las necesidades ambientales. Por otro lado, la seguridad energética a corto plazo se centra en la capacidad del sistema energético de reaccionar rápidamente ante cambios repentinos en el equilibrio entre la oferta y la demanda”. La disponibilidad de fuentes primarias de energías convencionales y renovables, como también la confiabilidad y eficiencia en el suministro de energía final a los diferentes sectores de la sociedad, son determinantes para garantizar la seguridad energética de un país. Reflexionar acerca de la seguridad energética del país, exige reconocer que la energía más cotosa social y económicamente es la que no está disponible, entiéndase esto como posibles riesgos de racionamientos en el suministro de energéticos claves para el funcionamiento eficiente de la economía y la calidad de vida de los ciudadanos, como lo son la electricidad, el gas natural y los combustibles para el transporte.

Antes de la pandemia el Ministerio de Minas y Energía de manera insistente estuvo planteando que el país perdería su autosuficiencia petrolera y de gas natural en seis años, dado que en los últimos años no se han encontrado nuevos hallazgos de yacimientos convencionales con disponibilidad de explotación en el corto plazo. Perder la autosuficiencia petrolera implica dificultades para cargar las dos refinerías hoy existentes en el país y en consecuencia generase déficit en la producción de diésel, gasolina, combustible para aviones y otros derivados de uso industrial, quedando solo la opción de importaciones de crudo, que aún en un escenario de precios bajos no deja de ser preocupante por los costos fiscales que ello implica. En el caso de gas natural se afectaría el suministro a aproximadamente diez millones de familias que utilizan este energético para cocción y calentamiento de agua, en el sector industrial que lo utilizan como fuente de calor en diversidad de procesos productivos y en el sector de generación eléctrica como complemento o respaldo a la generación hidráulica en particular en periodos de hidrología deficiente, por cierto, situación cada vez más frecuente en Colombia. Esta situación se torna crítica y alarmante si se tiene en cuenta que los derivados de la refinación del petróleo y el gas natural representan aproximadamente el 60 % del suministro de total de energía final a la sociedad y a la economía, según reportes de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), situación que técnica y económicamente no es factible transformar en el corto y mediano plazo.

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El Ministerio de Minas y Energía ha venido planteando como opción posible para atenuar una crisis de abastecimiento de energía térmica en país la explotación de los Yacimientos no Convencionales (YNC), mediante la técnica del fracking, y la importación de gas natural licuado que requiere de la instalación de plantas de regasificación a ubicarse en zonas costeras para poderlo recibir e inyectarlo a los gasoductos existentes en el país o nuevos. Sin duda que estas estrategias presentan dificultades para su implementación, antes de la pandemia asistimos a la discusión acerca de la viabilidad ambiental de la técnica fracking en Colombia, al respecto el Consejo de Estado dio la aprobación a los llamados proyectos pilotos integrales de investigación, los cuales deberán generar información acerca de la viabilidad de esta técnica en el país, sin desconocer que aún existe una fuerte corriente de opinión y organizaciones sociales que mantienen su oposición y que se alimentan también de intensas controversias científicas y ambientales en el ámbito internacional sobre este tema.

Las diferencias entre Rusia y Arabia Saudita en relación con el manejo de la oferta del crudo ya habían generado una fuerte reducción de los precios internacionales, los cuales han continuado en caída como consecuencia de la reducción de la demanda por los efectos del coronavirus y cuya recuperación es muy incierta en el mediano plazo. Con la situación de los precios del crudo a la baja, la incertidumbre para los próximos años y los posibles ciclos recurrentes de cuarentenas, probablemente no se van a ver señales o se presentarán grandes dificultades para que los proyectos basados en YNC puedan realizarse en Colombia. Al respecto es muy concluyente la afirmación de la IEA al considerar “los proyectos considerados de bajo costo ayer, es decir, que son viable en el alrededor de USD 35 a USD 45 por barril, ya parecen de alto costo, y solo las inversiones más resistentes tienen la posibilidad de seguir adelante, las empresas están archivando por completo estos proyectos”.

En el mercado internacional, en particular en Estados Unidos, mayor productor de crudo y gas natural a partir de YNC, es muy posible que la producción se vea reducida, con sus concebidas consecuencias en la volatilidad de precios y la inestabilidad del mercado internacional de crudo. La esperanza de varios países latinoamericanos de reforzar su matriz energética, entre ellos Colombia, a partir de la importación desde Estados Unidos de gas natural licuado, que antes de la pandemia se tenía alta producción, bajos precios en boca pozo y ostensible reducción de los costos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación, ahora ya no está claro y no hay seguridad que esta opción de importaciones siga vigente en las condiciones conocidas inicialmente.

En una próxima columna se examinarán algunas opciones que pueden contribuir a aliviar una posible crisis de abastecimiento de energía térmica en Colombia, considerando las alternativas de incrementar la eficiencia energética en los sectores mayormente consumidores como el transporte y la industria, y estrategias de complementariedad entre energéticos que sean viables en el contexto colombiano, lo que requerirá nuevos elementos en la política energética del país y la consolidación de capacidades para la investigación y el desarrollo tecnológico en estos temas.

* Profesor titular, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia.