Los productores de arroz de todo el país comenzaron el pasado martes un cese de actividades debido a la crisis económica que atraviesa su sector, según lo afirman, desde que se implementó llegó toda la oferta del cereal estadounidense a Colombia, producto del TLC con este país.

La depreciación de este producto y su importación masiva tiene insatisfechos a los productores, quienes afirman que dichas condiciones tienen en riesgo a más de 500.000 familias. Pese a las más de 10 reuniones sostenidas con el Gobierno, los agricultores expresaron que la situación no ha avanzado y en regiones como el Casanare el arroz está siendo desechado.

Óscar Gutiérrez, representante de Dignidad Agropecuaria, manifestó que las pérdidas del sector están superando el millón de pesos por hectárea cultivada y el subsidio que brindará el Gobierno no es suficiente, ya que es difícil que los molineros puedan mantener los 119.000, lo cual cuesta cada carga de este producto.

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Gutiérrez agregó que “el ministro Iragorri afirmó, en diferentes sitios, que intervendría el oligopolio si este no aceptaba el Incentivo al Almacenamiento y rebajaba los precios de compra. Sin embargo, eso que dijo en la tarima no ha sucedido. Si bien es cierto ha aumentado la oferta de recursos para cubrir a los productores, éste no es suficiente. Se requieren 320 mil millones de pesos y el Gobierno tan solo ofrece 58 mil millones”, dijo.

La solución propuesta por los productores es que se renegocie el TLC para privilegiar la producción arrocera nacional y que la Superintendencia de Industria muestre los resultados de la investigación del oligopolio del sector en el país.

José Vega, agricultor del Casanare, aseguró en un medio radial que “la situación es muy grave porque hay más de 1500 agricultores al borde de la quiebra, tenemos cuentas en cobros jurídicos con procesos de embargos que superan los 45 mil millones de pesos”.

Por su parte, la Policía Nacional anunció que no permitirá que se tomen vías de hecho durante la realización del paro nacional y garantizarán la seguridad y los derechos de todos, tanto para quienes se manifiestan como para los demás ciudadanos.

“Los bloqueos son una acción de hecho que no se pueden permitir. Estamos para garantizar la actividad pero de manera pacífica. Les pedimos que lo hagan de manera pacífica y no afecten los derechos de otras personas”, dijo el general Jorge Nieto.