Si todavía quedaba alguna duda de que las altas cortes en Colombia vienen emitiendo fallos que solo favorecen al narcotráfico y a la extrema izquierda —principalmente a las Farc, que están más vivitas que nunca—, la nefasta Corte Constitucional acaba de proferir una sentencia telúrica que ha provocado hondo malestar en el país y una álgida controversia: la de volver a permitir el consumo de licores y sustancias alucinógenas en el espacio público.

Como si no fuera suficiente ya con prohibir la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, lo que ha convertido al país en un mar de coca de más de 200.000 hectáreas, e impedir la extradición de un narcotraficante como Jesús Santrich, dándole una estocada mortal a este mecanismo de cooperación judicial, ahora se le dan alas al narcotráfico entregándole las calles, los estadios, los parques y hasta los centros de salud (¿?).

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La falsa paz de Santos no se ha sentido en las regiones debido precisamente al narcotráfico, pues los grupos armados que giran en torno del negocio de la cocaína pululan por toda la geografía nacional encabezados por las mal llamadas disidencias de las Farc, que no son otra cosa que una especie de retaguardia que nunca se desmovilizó. Entre todos se pelean por los cultivos, los laboratorios y las rutas de la cocaína, con el concurso siniestro de los carteles mexicanos y los militares venezolanos.

Y los recursos que obtienen todos estos bandidos son reinvertidos en negocios de minería ilegal, redes de prostitución, apuestas, préstamos gota a gota, seguridad extorsiva y, por supuesto, en el rentable microtráfico. De hecho, en los últimos años, el país ha pasado de ser solo un productor de drogas para convertirse en un consumidor de drogas, y la violencia que azota nuestras principales ciudades está signada, en gran medida, por ese microtráfico, que es un negocio tan boyante como mandar la droga a Estados Unidos y Europa. Ciertamente, muchos dicen que es mejor negocio venderla aquí, pues se ahorran el costo y los avatares del envío, además de los intermediarios, que son los que se quedan con la mayor tajada.

Los argumentos esgrimidos por los magistrados para apoyar tan inicuo fallo no solo son débiles sino absolutamente ridículos. Para empezar, la magistrada Diana Fajardo —esa que fue elegida con la amenaza del senador Benedetti de que si no era nombrada el proceso con las Farc se acababa— dijo en rueda de prensa que la prohibición atentaba contra el derecho de que una familia pudiera celebrar cualquier cosa en el espacio público brindando con un vino o una cerveza.

Sin embargo, es obvio que esa prohibición no está enfocada en la señora que se toma un vino o en el señor que acompaña con cerveza un chorizo, pero inferir que el consumo de alcohol o alucinógenos no es problemático por sí mismo es como negar que el día de las madres, celebración familiar por excelencia, no ocasiona problema alguno cuando es el día más violento del año desde hace décadas. La magistrada Gloria Ortiz afirma que “el consumo de alcohol y drogas no pone en riesgo las relaciones interpersonales”, pero según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, este consumo es el primer factor de vulnerabilidad asociado a ser víctima de homicidio o lesiones personales.

Y llega la señora Ortiz a una conclusión digna de Cantinflas: que el problema no está en el consumo sino en el acto de violencia posterior al consumo. Pues, ¡por eso mismo, señora! Si algo se busca al prohibir el consumo en espacios públicos es la prevención de hechos de violencia en contra de las comunidades. También se pretende prevenir que los niños y los jóvenes sean influenciados por el mal ejemplo o, peor aún, que caigan en las redes de los distribuidores y sean inducidos u obligados a incidir en el vicio.

Es cierto que el consumo no es fuente de problemas per se, como también lo es que la alta velocidad de un vehículo no siempre deriva en accidentes, pero las autoridades imponen límites sensatos a instancias de la ciudadanía para prevenir hechos qué lamentar. Con argumentos tan endebles y absurdos se puede justificar lo que sea. Tampoco es que el glifosato provoque cáncer automáticamente, ¿o sí?

Semejante disposición proferida por magistrados ‘progres’ que no representan a la ciudadanía porque su nombramiento no es producto de una elección popular, constituyen un artero atentado contra el gobierno de Iván Duque, una de cuyas primeras medidas fue, precisamente, la de arrebatarles el espacio público a distribuidores y consumidores de drogas, y recuperarlo para los niños, los jóvenes y las familias. Pero es, además, un paso más en el camino de la legalización del narcotráfico, un nuevo golpe a la confianza en las cortes y la justicia en general que incrementa el clima de confusión y anarquía, y un refuerzo a la noción de que el «libre desarrollo de la personalidad» tiene que ver con prácticas nocivas y situarse en el lado de la anarquía.

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¿Qué más puede esperarse cuando la misma corte guardiana de la Constitución es capaz de violarla para pisotear los derechos de las mayorías pasándose por la faja el artículo 49 que dice, expresamente, que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”? ¿O cuando la Corte Suprema de Justicia aduce que ya no es delito sostener relaciones sexuales con niñas menores de 14 años si estas ‘aparentan’ ser mayores de esa edad? Llegará el momento en que semejantes disparates no se puedan respetar ni acatar.