La completa ausencia de representatividad política de las Farc deja sin piso la hipótesis del conflicto armado, la cual determinó la naturaleza de la negociación de La Habana y condujo al peor acuerdo imaginable
Más de un año después de las elecciones legislativas de 2018 y pasados 15 días de las elecciones locales del 27 de octubre de 2019, en las que las Farc obtuvieron las ridículas cifras de 55.000 y 38.000 votos, respectivamente, todavía estoy esperando, parece que soy el único, que Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo publiquen un video, en el que aparezcan arrodillados, cada uno en dos corozos, implorando el perdón de los colombianos por haber negociado en La Habana el peor acuerdo posible.
Todavía estoy esperando que los medios de comunicación – a ver: Julio, Néstor, Yamit, Yolanda, Gustavo, María Jimena- los interroguen por las razones que los llevaron a entregarle, a una organización que políticamente no representaba a nadie, media Constitución, decenas de leyes con nombre propio, una justicia sobre medida, el 5% del Congreso y una porción indeterminada del presupuesto.
Todavía estoy esperando que el Centro Democrático, el único partido que rechazó siempre el carácter político de la negociación, los cite al Congreso a responder políticamente por semejante desafuero.
Seguramente, como Vladimir y Estragon, me quedaré esperando eternamente la llegada de Godot.
La de La Habana fue una negociación política, basada en el supuesto de la existencia de un conflicto armado interno, lo más parecido a una guerra civil. La votación alcanzada por las Farc muestra palmariamente que ese supuesto era completamente falso y que esos hombres no representaban, como se nos quiso hacer creer, las aspiraciones políticas de ningún sector de la población, que no eran más que una banda criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión, el abigeato y el robo, empleando el terrorismo, el secuestro y el asesinato como medios para alcanzar sus objetivos de enriquecimiento ilícito.
No se puede argumentar que la negociación y el ominoso acuerdo al que condujo se justificaban por la capacidad de hacer daño de las Farc. Si este argumento fuera válido, César Gaviria, en lugar de negociar el sometimiento a la justicia del Cartel de Medellín, ha debido entregarle a Pablo Escobar la Presidencia de la República y dejar que este nombrara como ministro de Justicia a uno de los hermanos Ochoa, cargo este que en la práctica sigue vacante después del asesinato de Enrique Low Murtra. Álvaro Uribe, por su parte, en lugar de someter a los paramilitares, llevarlos a prisión y después extraditarlos, cuando desde la cárcel siguieron delinquiendo, ha debido darles la mitad del Congreso y cuatro o cinco ministerios. O, para mencionar un ejemplo cercando de otro país, que Peña Nieto, en lugar de extraditar al Chapo Guzmán, le hubiera cedido la Silla del Águila.
En su momento se comparó la negociación del La Habana con la que condujo a la desmovilización del Ira Provisional en Irlanda del Norte. La comparación no puede ser más desafortunada porque el Sinn Fein, la expresión política del Ira, por tener el 25% del electorado, tiene hoy 25 diputados y cuatro ministerios, incluido el Viceministerio Principal, a cargo de Martin McGuiness, antiguo líder de los provisionales.
A la luz de los hechos, es decir, de la completa ausencia de representatividad política de las Farc, que deja sin piso la hipótesis del conflicto armado, la cual determinó la naturaleza de la negociación de La Habana y condujo al peor acuerdo imaginable, se abren dos posibilidades: i) Santos, de la Calle y Jaramillo desconocían la falta de representatividad política de las Farc, lo cual los convierte en unos ineptos redomados que jamás han debido representar los intereses del País en esa negociación o ii) eran conscientes de la inanidad política de las Farc, lo cual los convierte en cómplices del peor grupo criminal en la historia de Colombia. Esta cuestión no admite término medio.