Todos sabemos que hay que erradicar, como mínimo, las 209.000 hectáreas de coca (si no son más) que nos dejó el anterior gobierno, promotor y protector de esos sembrados, único sector próspero (y demasiado) de la agroindustria nacional. Además, no debemos ignorar que buena parte de esos cultivos ilícitos están ocupando los desguarnecidos parques naturales, sin que haya la menor protesta del tal partido “verde”.

Esta no es tarea fácil, pero si no se acomete con la mayor determinación, el país, ya muy avanzado como productor de alucinógenos, estupefacientes y narcóticos, pasará a ocupar el primer lugar entre los narcoestados, destronando por amplia distancia a Afganistán y Myanmar.   Basta pensar en la suerte de los habitantes de esos países para darnos cuenta de la vida que nos espera, si no erradicamos esa industria multimillonaria, bien protegida por múltiples actores armados y, hasta ahora, blindada jurídicamente por el acuerdo final entre Santos y Timochenko, elevado fraudulentamente hasta supraconstitución y convenio de derecho internacional.

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Las anteriores consideraciones nos indican la gravedad y las dificultades de los problemas que afronta el presidente Duque, elegido para devolver la legalidad al país, promesa que hizo desde el comienzo de su campaña, mientras su taimado contendor enarbolaba las banderas de la fementida “paz” que llenó al país de coca.

Dentro de la camisa de fuerza del tal acuerdo final, apuntalado especialmente por la Corte Constitucional y la JEP, falazmente exaltado por los medios masivos colombianos y mundiales como ejemplar solución de un largo “conflicto bélico”, la tarea para el presidente es hercúlea.

La necesaria erradicación tropieza, además, con varios interrogantes: 

1. Un decreto vigente permite explotar, sin la menor sanción, hasta 3.5 hectáreas de coca. ¿Cuándo se derogará tan absurdo privilegio, que legitima esos cultivos?
 2. ¿Hasta cuándo se dará validez a convenios para erradicación voluntaria, suscritos con millares de cultivadores?
3. Si la fumigación aérea y masiva con glifosato está prohibida —y la Corte Constitucional ya ha dado señales de que no tolerará su retorno—, ¿qué sentido tiene hablar de erradicación obligatoria con drones, sin que estos hayan sido experimentados en otros países?
4. ¿Cuántos millares de drones —que pueden derribarse hasta con cauchera— se requieren? ¿Y cuál herbicida — ¿alternativo?, ¿naturista?— podrían esparcir?

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Teniendo en cuenta que entre 2012 y 2018 la agronarcoindustria avanzó hasta convertirse en la primera en la generación de divisas y de empleo rural, se requiere una dosis de voluntad política sin precedentes.

Desde mi afortunada infancia, cuando mi queridísimo padre nos leía cada noche un capítulo del Quijote, no puedo dejar de volver una y otra vez sobre esa obra insuperable.

Por estos días he recordado la historia del encantamiento de la sin par Dulcinea, por la acción maléfica de los nigromantes que perseguían al caballero de la triste figura. En la corte burlona y malévola de los duques se ofrece la manera para que la incomparable doncella recupere su ser, transformado en la zafia labradora de Aldonza Lorenzo. El remedio es fácil. Basta con que Sancho se dé “tres mil azotes y trescientos en ambas sus valientes posaderas”, a lo que el escudero replica: 

“— ¡Par Dios, que si el señor Merlín no ha hallado otra manera cómo desencantar a mi señora Dulcinea del Toboso, encantada se podrá ir a la sepultura!”.

Pues bien, ante la dolorosa situación de Dulcinea, finalmente Sancho se aviene a darse los azotes, pero poco a poco, cuando a él le plazca, con suaves lazos, sin afán, bien pasito, sin que valga la justa impaciencia del enamorado de su amo…

Si Colombia ha sido transformada —como Dulcinea— por los poderosos encantadores de las guerrillas y demás carteles, nacionales y mexicanos, pareciera que los tres mil y trescientos azotes que nos debemos propinar nos los daremos poco a poco, con una cabuyita, sin premura, a nuestro ritmo, a pesar de la impaciencia de Trump y la comunidad internacional.