Son innegables los problemas por los que tradicionalmente han tenido que atravesar los municipios colombianos; ello se debe –en gran parte- por la alarmante corrupción que ronda la administración pública y a la agobiante y cada vez más fuerte centralización político-administrativa que rige los destinos del actuar gubernamental en nuestro país.

La tecnocracia bogotana, como dice el ex ministro y ex constituyente Antonio Yepes Parra, “esa misma que gobierna de frente a Monserrate y de espaldas al país”, muchas veces ignorante de la real situación y de los graves problemas y necesidades que tienen que sortear las más alejadas provincias y municipios, indolentemente actúa y dispone; ordena y legisla para la provincia, sin atender a criterio distinto al de hacer que el centro capitalino sea cada vez más fuerte y poderoso, delegando diestra y siniestramente funciones y responsabilidades, mientras que -de otro lado- recorta recursos, haciendo, con esa absurda jerarquización y confusos trámites, cada vez más inalcanzable y difícil la gestión de las fuentes de financiación que se hacen necesarias, por parte de los aludidos territorios, para poder afrontar con éxito todas esas obligaciones.

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Es incuestionable que nuestros municipios atraviesan por una honda crisis de carácter económico. Ello ha sido así desde mucho antes y la emergencia que se ha tenido que decretar, por efectos del coronavirus, es el claro reconocimiento a lo aguda y dramática que es la situación que padecen hoy estas importantes instituciones.

Ante las dificultades financieras de los municipios, las repercusiones en materia social no se dejarán esperar y serán también palpables las múltiples necesidades básicas que quedarán insatisfechas en sus comunidades y pobladores. Por ello, ante su evidente mal estado presupuestal, indudable también será el adverso estado de sus vías, de sus acueductos, de su infraestructura escolar, de los servicios públicos, tan importantes y básicos para la vida de las comunidades, como vivienda digna, agua potable, energía, salud, educación, deporte, cultura, etc.

Por eso, así como hemos criticado reflexivamente algunas de las posturas gubernamentales, cuando no nos han parecido las más indicadas; ahora celebramos con entusiasmo y haciendo uso de la sana crítica que acostumbramos hacer desde esta tribuna, resaltamos –por la importancia que tiene para los municipios y la comunidad en general, el apoyo que se les ha otorgado, gracias al ingenioso trabajo y oportuna intervención del senador Germán Darío Hoyos Giraldo, al proponer, en sesión plenaria virtual de la Corporación, el día 13 de mayo de 2020, que las entidades territoriales (municipios) que -como consecuencia de la pandemia Covid-19, sufran una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación y, producto de ello, superen los límites de gasto de funcionamiento definidos en la Ley 617 de 2000, así como los indicadores de que trata la Ley 358 de 1997, no fueran objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento a los límites de gasto y deuda, definidas en esa misma norma. Dicha recomendación fue acogida por el Gobierno Nacional, a través de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo N°678 de 2020,“Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Es indudable que lo que requiere el país y, especialmente, sus comunidades más desprotegidas y, como en este caso, nuestros municipios, es menos demagogia, menos espectáculo publicitario y que propuestas –como las que a buena hora ha liderado el congresista Germán Hoyos, se hagan realidad –como en efecto ha ocurrido con su gestión, para seguir luchando en procura de salir no sólo de la crisis que nos ha generado la pandemia, sino para redimirse de tantos y tan difíciles atrasos y falencias que en muchas materias tienen nuestras municipalidades; hoy, muchas de ellas, sometidas a los más increíbles e infames abandonos e indolentes tratos por parte algunos de sus más inmediatos gobernantes y dirigentes.

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Con dicha medida, no solamente el Estado central va ayudar a los municipios, sino que las más directamente favorecidas serán las comunidades locales y, entre ellas, las rurales, que son las más deprimidas y necesitadas de este tipo de propuestas y recursos para la realización de sus obras y aspiraciones, la satisfacción de sus penurias y, obviamente, el recobro de la confianza y legitimidad en las instituciones y autoridades, hoy tan seriamente afectadas por la falta de un ejercicio gubernamental que llegue realmente al alma y nervio de estos territorios; pues ellos son el corazón y las células fundamentales del Estado, la sociedad y la democracia.

Decisiones y gestiones, como las de este dirigente, que –como muy pocos- estuvo en contra de la actual reforma tributaria ( o ley de financiamiento) por considerar que dejaba en riesgo la estabilidad económica de la Nación y favorecía intereses de algunos pocos, afectando la capacidad de inversión social para amplios sectores ciudadanos y comunitarios y, especialmente, para los más necesitados y desprotegidos, es algo ciertamente digno de reconocimiento y admiración; pues la mayoría de nuestros dignatarios olvidan fácilmente los retos y compromisos que han asumido con el pueblo, al ser elegidos para esas importantes posiciones.