La magistrada Claudia Isabel Lozzi Moreno, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, demostró entereza para defender el sistema de salud dictando medidas cautelares de suspensión del proceso de enajenación de Cafesalud, hasta que se resuelvan legítimas preguntas de los accionantes, senadores Jorge Robledo y Sofía Gaviria junto a José Roberto Acosta (Justicia Tributaria), que se sustentaron en observaciones de la Procuraduría y su análisis a las irregularidades del proceso.

Cafesalud es emblemática. Porque tras la absorción de Saludcoop se convirtió en la aseguradora de 5,7 millones de ciudadanos vinculados a los regímenes obligatorio y subsidiado, de salud. Porque desde que se hizo cargo de las obligaciones de Saludcoop demostró capacidades limitadas para atender a los usuarios que recibió y a los propios. Porque es la víctima más trágica del derroche y la corrupción, todavía no sancionados, de administradores que convirtieron los recursos de la salud en piñata a su favor.

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El simbolismo de Cafesalud como fracaso y la necesidad de su éxito en la gestión del aseguramiento y el cuidado de la salud de sus afiliados exigen que el proceso de enajenación, que debe transformarla, garantice que la compañía que asuma su responsabilidad va, ahora sí, a gozar de experiencia, va a actuar en forma transparente y va a defender el derecho de sus afiliados a recibir atención oportuna. Los responsables de la acción popular que motivó las medidas cautelares y la Procuraduría, sumaron razones para dudar de esas calidades.

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Al proceso le faltó competencia. De nueve compañías que lo iniciaron, sólo dos llegaron al final; de ellas sólo una Prestasalud, presentó una oferta integral, o sea por la adquisición de las tres sociedades que forman el grupo. Aunque el conocimiento y la experiencia son fundamentales para hacerse cargo de la mayor EPS del país, la compañía no puede demostrar experiencia en salud y, señaló la Procuraduría, su experiencia en prestación no es propia sino de los socios, que todavía no han completado los pasos para confirmar su asociación. La debilidad institucional del consorcio que asume la responsabilidad de esta EPS no da tranquilidad a pacientes y usuarios que en los últimos años han sufrido manoseos y abusos producto de las incapacidades de su prestador.

En la adjudicación se descuidaron principios legales y exigencias jurisprudenciales. Como la de no integrar las actividades de aseguramiento y prestación del servicio, que en la propuesta se aceptaron como integrales en el mismo proceso, como señala la magistrada en su libelo de promulgación de las medidas cautelares solicitadas.

Las fallas del proceso son amenaza. A la salud de los 5,7 millones de personas que han sufrido abusos por el administrador desconsiderado. A los pacientes de todas las EPS, que sufrirán los efectos de un desastre en Cafesalud. A un sistema de salud tan resquebrajado que los prestadores terminaron financiando a los aseguradores y administradores del modelo. Vigilar las decisiones y actuar para impedir mayores daños es contener el riesgo. Y exigir que los procedimientos del sistema de salud cumplan su deber.

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