La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, determinó, en un fallo publicado el pasado miércoles, que el Estado colombiano es responsable por violaciones al derecho a la vida, la libertad de expresión y a la integridad personal del periodista.
La Sociedad Interamericana de Prensa consideró histórica la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia por incumplir con su deber de administrar Justicia tras el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, ocurrido en 1998.
"Esta sentencia es un hito histórico para la lucha en contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión en las Américas", aseguró Gustavo Mohme, presidente de la SIP.
Mohme resaltó que el trabajo de la SIP "que desembocó" en la sentencia se logró gracias al aporte y acompañamiento legal y judicial de la organización Robert F. Kennedy Human Rights.
Kerry Kennedy, presidenta de esa organización, subrayó que espera que la sentencia ayude a abrir "un nuevo capítulo en los países de la región sobre cómo implementar una justicia eficaz y oportuna que permita servir como un mecanismo de protección al periodismo".
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Carvajal Carvajal fue asesinado a tiros en abril de 1998 en Pitalito, cuando salía de la escuela primaria en la que dictaba clases con rumbo a la emisora Radio Sur de RCN Radio,
desde donde denunciaba casos de corrupción, lavado y situaciones del conflicto armado interno colombiano.
Kennedy y Mohme añadieron en un comunicado que "esta es una decisión clave para la lucha contra la impunidad de crímenes para periodistas no sólo en Colombia sino en toda la región".
Señalaron que expone de manera muy clara la relación directa que tiene la violencia en la libertad de prensa "cuando no se adoptan medidas de protección adecuadas ni de investigación y sanción de los responsables de los hechos".
"Es un fallo impresionante porque reconoce el trabajo periodístico que realizó mi hermano. Honra su memoria y con ella la voz de la prensa para que no sea silenciada", expresó por su parte Judith Carvajal en el comunicado.
"Las graves irregularidades en el proceso de investigación del asesinato, así como las amenazas sufridas por los familiares de Carvajal", llevaron a la SIP a someter en 2002 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al que se sumó en 2015 la Robert F. Kennedy Human Rights.