Lara no dudó en recordarle al ministro Rivera que a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz se le asignó ponente el pasado 29 de agosto y, hasta el día de hoy, "su cartera no ha dado luz verde para su debate en comisión primera".
Tras conocerse la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, de no incluir en el orden del día de la sesión del próximo martes 26 de septiembre el proyecto de reforma política, uno de los derivados del acuerdo de paz, Guillermo Rivera, ministro del Interior, manifestó que el parlamentario está incumpliendo con la Constitución y dilatando este debate.
Y es que de acuerdo al jefe de la cartera del Interior, desde el pasado 19 de septiembre el mismo Lara anunció el proyecto de acto legislativo de esta reforma, y la ley señala que cuando se hace un anuncio con fecha específica, pues en esa fecha deberá ser incluido en el orden del día.
"Claramente lo que percibimos es una actitud dilatoria del presidente de la Cámara de Representantes, pero él no puede incumplir lo que señala la Constitución y la Ley. Y si ese proyecto fue anunciado la semana anterior, el mismo tiene que ser incorporado", aseveró Rivera Tajantemente.
Sin embargo, Lara no demoró en responderle al funcionario del Ejecutivo, en tono fuerte, que según lo que puede apreciar es que “todos los esfuerzos y preocupaciones ministeriales se dirigen a ver cómo sacan una reforma política que ya es conocida en los corredores del Congreso como la “Ley Cristo”, en la medida en que al parecer beneficia las respetables aspiraciones electorales de su antecesor en el cargo, el doctor Juan Fernando Cristo”.
El congresista manifestó además que él sí tiene muy claras las prioridades, tanto en la implementación de los acuerdos como de “las soluciones a las preocupaciones reales de los colombianos”, motivo por el cual el próximo martes, en vez de la “Ley Cristo”, se discutirán otros proyectos como “el que hace referencia a las disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado”.