Un concejal de Medellín llama la atención sobre la equivocada interpretación al concepto de políticas públicas y hace notar que una acuerdo municipal o una ordenanza departamental no son políticas públicas.
Las políticas públicas se han convertido en una moda en la administración pública que han derivado en una sobre población de ellas y además que no operan y mucho menos se evalúan.
Este argumento y alerta fue formulada por el concejal de Medellín, Ricardo León Yepes Pérez, quien enfatizó sus observaciones y hasta críticas, pues adujo que todo el mundo habla de políticas públicas tergiversando el verdadero sentido de ese concepto, de lo cual ni se salvan los periodistas, toda vez que dijo que muchos carecen de conocimientos sobre su significado correcto.
Este concejal de la ciudad actualmente cursa un magister en Gobierno y Políticas Públicas y ha tenido la oportunidad de aprender y estudiar temas al respecto de las políticas públicas.
En su concepto son acciones gubernamentales muy importantes y frente algo que considera problemático realizó una reflexión académica sobre ellas y su aplicación en las administraciones municipales y departamentales.
Precisó que hace 26 años ingresó al sector público y ha podido ver éxitos y fracasos administrativos, al tiempo que consideró que los modismos administrativos tienen una sobre población de políticas públicas.
Este concejal dijo que desde hace unos años parece que todo lo que representa una dificultad para los territorios es solucionado a través de una política pública. Por eso dijo que existen tantas políticas públicas como granos de arena en el mundo.
“Y es que esto no es malo, perverso es pensar que una acción gubernamental tan importante es un modismo administrativo, como si entre más políticas públicas se presentaran mayor es el reconocimiento en la gestión”.
Fue muy enfático en afirmar que la cuestión no es ponerle el rótulo de política pública a todo, sino que las acciones administrativas no cumplen ni si quiera con el ciclo de política pública de agendación, formulación, implementación y evaluación.
“Sencillamente llaman a algo como no se debería llamar para ganar un reconocimiento que no deberían tener. Las administraciones contemporáneas cuentan con una herramienta muy importante y son las políticas públicas consideradas como acciones de gobierno basadas en el consenso ciudadano y orientadas a solucionar verdaderos problemas públicos”.
En los últimos años, dijo, han desfilado por las corporaciones municipales y departamentales más políticas públicas que renovación de corporados, y se cree erróneamente que un acuerdo municipal o una ordenanza es una política pública, convirtiendo a los corporados en comités de aplausos que generan una sobre población de actos administrativos que terminan convirtiéndose en elefantes blancos inoperantes e inmedibles, y solo por la simple razón de pensar que todo es política pública.
“La verdadera política pública es aquella que se legitima en la sociedad a través de la solución de los problemas públicos no en un concejo o asamblea”.
Fue muy claro en aportar que las iniciativas de política pública que provengan de las corporaciones municipales y departamentales deberían contener estudios de viabilidad financiera, pero ni los concejos ni las asambleas ejecutan presupuesto en la implementación de las políticas públicas.
“Así las cosas, las intenciones de presentar políticas públicas deberían ser de las administraciones, toda vez que ellas son las que tienen la capacidad de asignar recursos y por ende de viabilizar la factibilidad de la política”.
Y concluyó diciendo que los gobernantes hoy deben apartarse de banalidades administrativas, entender que no todo es política pública y hay cosas que hace la administración que solo son actos de autoridad. “Todo lo que se haga en la administración pública debe ejecutarse con enfoque evaluativo, la métrica es importante, porque como dice mi mamá: si no mides lo que haces no sabes que tanto tendrás”.
Además recalcó e insistió en que un acuerdo o una ordenanza no es una política pública, mientras que un acto administrativo constituye un vehículo formal y legitimo frente a la institucionalidad.