Desde el inicio de la cuarentena el mensaje del Gobierno a los empresarios ha sido claro: “no se autorizarán despidos masivos ni suspensiones de contratos por cuanto el Estado ha decidido garantizar hasta el 90% de los créditos para pago de nóminas que se desembolsen a las empresas”. Pero, hecha la tarea, se dan cuenta las Mipyme que –a pesar de la promesa del respaldo gubernamental- los bancos no desembolsan sumas de dinero a quienes no consideran sujetos de crédito. No obstante, deben las mismas conservar intacta su planta de personal o recurrir a estrategias tan irreales como otorgar más vacaciones anticipadas o darle funciones de teletrabajo a una fuerza laboral que, en un 95%, no puede realizar su trabajo desde sus casas.

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Esta estrategia del Gobierno no puede ser considerada sino como una “lavada de manos”, que le permite mostrar al empresariado su magnanimidad al decidir respaldar los créditos en un 90% pero sin otorgarle un mandato imperativo a los bancos para que desembolsen.

Ha dicho el presidente que “cuando el Gobierno garantiza el 90% de la deuda, no hay pretexto para no irrigar los créditos” y que va a revisar con la Superintendencia Financiera que efectivamente los créditos para “micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), se estén efectuando”. Pero no habiendo un mandato o una orden a los bancos para que realicen los desembolsos, deben los empresarios someterse a los criterios de selección de clientes de los bancos y rezar para ser admitidos. Ya el tema de discusión dejó de ser el otorgamiento de subsidios o financiación a cero interés para el pago de nómina; ahora lo único que se espera es que el Gobierno haga cumplir a los bancos su mandato de colocar estos dineros en el torrente sanguíneo de las empresas para poder cumplir, ahí sí, su mandato imperativo: no realizar despidos colectivos, ni suspender contratos de trabajo.

Así pasan los días de los empresarios, tocando puertas y enviando documentos (o produciéndolos, tal como sucedes con los flujos de caja proyectados a 36 meses, el plan de reactivación de la empresa, entre otros) para luego oír razones tales como: “necesitamos hacer una visita a las instalaciones de la empresa (¡¿en plena cuarentena obligatoria?!)” o “el comité de crédito del banco no aprobó nuevos cupos de crédito, entonces por favor reintenta en seis meses (¿dónde estaremos en seis meses?)”. A otros empresarios los bancos les han hecho propuestas de prestarles recursos para capital de trabajo (es decir, para pago de nómina en épocas de pandemia) a una tasa de interés del DTF + 19.63, lo cual equivale, prácticamente, al interés que pagan las tarjetas de crédito (casi 2% mensual). Frente a esto último, no se sabe si es peor el remedio que la enfermedad.

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En el país hay 1,6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas formalmente inscritas, las cuales generan el 80% del empleo (Portafolio, 24/04/2020). El mandato impartido por el Gobierno a los empresarios solo es admisible si va acompañado de un mandato infranqueable a los bancos para que desembolsen los recursos para capital de trabajo y pago de nómina sin ningún tipo de condicionamiento. De lo contrario, ningún empresario puede ser obligado a lo imposible, pues sin ingresos, ni ayudas estatales, es imposible para los empresarios cumplir con sus obligaciones. Y si para ello, el Estado debe responder por el 100% del crédito, entonces esta medida deberá aplicarse de inmediato. Si el Gobierno no imparte una instrucción infranqueable a los bancos para colocar estos recursos en la economía, habrá de responder patrimonialmente por el daño antijurídico que le sea causado a los empresarios, dada su omisión en la implementación efectiva de las medidas de salvamento para conservar con vida el ecosistema empresarial.