Para la administración departamental no hay tensiones ni choques con la diputación, aunque se han propalado supuestas dificultades entre las partes por razones políticas, que hasta ahora nadie se atreve a confirmar.
Los diputados de la Asamblea de Antioquia no aprobaron en tercer debate dos proyectos de ordenanza de la administración departamental.
El Gobierno Departamental de Antioquia por intermedio del secretario General de la administración seccional, Juan Guillermo Usme Fernández, reafirmó el absoluto respeto por las decisiones de la diputación y descartó todo tipo de tensiones y confrontaciones con los corporados, luego que la Asamblea Departamental no aprobó en el primer periodo de sesiones regulares, que acaba de concluir, dos importantes proyectos de ordenanza para la marcha del Gobierno y que fueron radicados por el Ejecutivo seccional.
Como es obvio en estos casos, la decisión de los diputados originó inmediatamente en el mundo político y periodístico interpretaciones sobre una supuesta crisis política entre el Gobierno y la Asamblea, pero el abogado Usme Fernández salió al paso al decir que respetan el disenso y la votación de la corporación, aunque no la comparten por tener argumentos suficientes que respaldan la viabilidad de las dos iniciativas.
“Los diputados saben del espíritu democrático del gobernador Aníbal Gaviria en sus relaciones con los políticos y el respeto por sus actuaciones en los cuerpos colegiados. El permanece este lunes en la subregión de Urabá y a su regreso se analizará la situación que se registra y el camino a seguir, como por ejemplo convocar a unas sesiones extras”, dijo el secretario General.
El presidente de la Asamblea, el abogado liberal Rubén Callejas dijo que los diputados están cumpliendo con su labor y fue enfático en confirmar el clima de respeto y de consideración que ha reinado en las relaciones con el gobernador.
La primera temporada de trabajo de los diputados, de enero y febrero, se clausuró el pasado sábado 29 de febrero, en una sesión durante la cual se tenía programado el debate en tercer debate a un proyecto en el que el gobierno seccional solicitaba vigencias futuras para la gestión administrativa en materia de contratación para los años 2021, 2022 y 2023 y de otro para introducir una reforma administrativa a la estructura de la Gobernación de Antioquia, que implica la creación de nuevas dependencias.
En el primer año del cuatrienio de un nuevo gobierno departamental y de su correspondiente asamblea, las sesiones de la diputación se realizan durante los meses de enero y febrero, pero en los tres restante años se llevan a cabo en marzo y abril, para seguir luego con el bimestre junio y julio, y terminar con el de octubre y noviembre, que son los seis meses en que legal y ordinariamente laboran la Asambleas Departamentales en Colombia, sin contar el tiempo de sesiones extras, de dos meses, a que tienen derecho anualmente.
Políticamente la diputación antioqueña, de 26 corporados, quedó conformada por una coalición de quince diputados, cuyos partidos se declararon de gobierno. Entre tanto, los ocho corporados del Centro Democrático tomaron una posición de independencia, mientras que otros tres restantes quedaron excluidos del bloque gobiernista, que fue el que no aprobó en tercer debate las dos iniciativas y que es lo que ha causado suspicacia y comidilla política y periodística.
No obstante ninguno de los quince diputados ha salido a esgrimir argumentos políticos para no dar vía libre a los dos proyectos y se limitan a dar explicaciones de técnica jurídica, como dudas o vacíos, para no darle por ahora vida jurídica a sendas iniciativas.
“Lo que los diputados de la coalición hicieron fue mandarle un mensaje político al gobierno para que sean tenidos en cuenta”, se escucha y se especula por los mentideros y los pasillos de La Alpujarra. Consultados algunos diputados sobre estas conjeturas, se abstienen con nombre propio a ratificarlas y por el contrario reafirman los motivos de orden jurídico.
El hoy más veterano diputado, el abogado Rodrigo Mendoza, quien no hace parte de la alianza gobiernista, pero quien tampoco ejerce una postura oposicionista, recordó que le han tocado siete gobernadores y que a ninguno se le negaron al principio de sus administraciones proyectos de ese calado.
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Las diferencias
El secretario Usme Fernández declaró que comprende que las Asambleas Departamentales son corporaciones netamente políticas y toman decisiones en ese sentido, pero insistió desde el lado del gobierno de Antioquia en sustentar los dos proyectos como valiosas herramientas para la labor del Ejecutivo. En el caso de las vigencias futuras para agilizar y facilitar el trámite de nueve contratos que se requieren para el desarrollo de la administración y en el concerniente a la reforma administrativa para modernizar la estructura de la Gobernación.
Mientras que la diputación alega en el primer caso que se necesita de un nuevo plan de desarrollo para aprobar vigencias futuras, el Ejecutivo aduce que está vigente el anterior del gobierno de Luis Pérez y que hay claridad para ello en sentencias de la Corte Constitucional.
Y en el asunto de la reforma a la administración, los corporados hacen ver que suspendieron su aprobación en tercer debate hasta tanto el gobierno presente los estudios técnicos que sustenten su aplicación. A ello el Ejecutivo respondió que lo que se pide es que la Asamblea se desprenda de sus facultades y se las otorgue al gobernador para realizar la remodelación de la arquitectura administrativa y cada vez que se vayan expidiendo las resoluciones, se presenten los estudios hechos para ello y también sujetos a análisis por parte de una comisión conjunta del gobierno y la Asamblea, que se propuso para que haga seguimiento permanente a la reforma.
Para Usme Fernández el proyecto de las vigencias es subsanable, mientras que el de la reforma es una iniciativa sustantiva, por lo cual habrá que esperar qué decide el gobernador Aníbal Gaviria sobre la hoja de ruta a seguir una vez regrese de su periplo por Urabá.
Pero el primer periodo de la Asamblea no se reduce solo a las diferencias en torno a esos dos proyectos, pues la diputación también le dio luz verde a otros asuntos de la administración.
Fue así como se llevaron a cabo nueve sesiones descentralizadas en igual número de subregiones del departamento para la construcción del Plan de Desarrollo. Además fueron aprobados cuatro proyectos de ordenanza, entre los que se destacan la prohibición de compra y distribución de plásticos de un solo uso en la Gobernación y sus entidades y también la creación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia. Y se realizaron doce debates de control político.
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