Reglamentar el cabildeo en Colombia es una deuda que tiene pendiente el Congreso de la República, por mandato de nuestra Constitución. Hoy 26 años después, cursa un proyecto de ley que finalmente lo hará para garantizar la trasparencia de la labor legislativa y asegurar la igualdad de oportunidades de todos los sectores del país en la toma de decisiones públicas.
La iniciativa, que se encuentra en el tercero de cuatro debates, adopta y adapta para nuestro país, los mejores elementos de la regulación estadounidense, francesa y chilena sobre la materia, junto con los avances del Estatuto Anticorrupción y la Ley de Transparencia vigentes. Además, establece una definición de cabildeo y de todas las actividades que no lo son, prohibiendo la aceptación de regalos provenientes de interesados hacia las autoridades, entre otros.

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Una de las razones para escribir sobre una ley que reglamenta el lobby es que el próximo presidente que elijamos los colombianos tendrá que hacer una reforma tributaria estructural que genere un proceso de desarrollo empresarial y le apueste a la productividad y a la innovación. Gran parte de los fracasos de anteriores reformas, se deben a la poca participación de la sociedad civil en la elaboración de sus textos y la concentración de privilegios en pequeños sectores sociales.
Colombia sólo cuenta con un recaudo tributario del 15% del PIB, del cual sólo el 1% corresponde a las personas más adineradas. Lo más grave de esta cifra es que la estructura tributaria que se ha diseñado tradicionalmente en el país, mantiene desigualdades sociales insostenibles y consagra exenciones tributarias para personas jurídicas, que actualmente le cuestan al país 30 billones de pesos y para personas naturales que ascienden a 40 billones más. Es decir, estamos hablando de un Estado que conscientemente deja de recibir 70 billones de pesos anualmente por mantener privilegios injustificados.
En mi experiencia como senador, he sido testigo de cómo en cada reforma tributaria que se radica ante el Congreso, aparecen un sinnúmero de cabilderos buscando asegurar que su prerrogativa continúe, desde diversos frentes. Hace poco, un alto miembro de un grupo empresarial me aseguró que si ellos invirtieran en innovación lo que destinan en lobby parlamentario para proteger sus privilegios, sus empresas serían mucho más innovadoras y productivas.

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Por todas estas razones, exhorto a la Honorable Cámara de Representantes para que inicie el nuevo año, dándole luz verde a la fase final de este proyecto de ley. Regular el cabildeo, seguramente nos acercará a lograr una nueva reforma más justa, donde todos los sectores puedan participar activa e igualitariamente, y que en verdad pueda ser llamada: “una reforma de los ciudadanos para los ciudadanos”.