El proyecto de acto legislativo que reglamentará la Justicia Especial para la Paz continuará su tránsito, en la cual tendrá que reñir con los difíciles debates de la reforma política, el proyecto que fija el monopolio de las armas para el Estado y la creación de las circunscripciones especiales, para que esta ley que se constituye como la columna vertebral para el acuerdo de paz enfrente su primer debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Esta iniciativa, que no ha podido ser debatido por falta de quorum en los debates, generó varias reuniones entre bancadas este lunes para consensuar celeridad en las aprobaciones de los artículos, lo cual consideran fundamental porque estas leyes deben ser aprobadas antes del próximo 30 de noviembre; debido a que esta fecha será el fin de mecanismo de vía rápida o “fast track”.

Según los promotores del Gobierno, este plazo debe ser respetado porque por la vía ordinaria, sería muy complicado cumplir con los debates necesarios para pasar estas leyes.

Por esta razón, se hacen necesarios estos acuerdos, ya que los procedimientos legislativos se han complicado por peleas dentro de la unidad nacional, en especial entre el Gobierno y Cambio Radical.

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Por otro lado, La Corte Constitucional discutirá sobre el acto legislativo 01 de 2017, norma que creó la Justicia Especial para la Paz, la cual ya tiene una ponencia de Luis Guillermo Guerrero, presidente de la corporación.

En esta, se avala la participación política de las Farc, ya que no modifica el artículo 20, el cual plantea que “la imposición de cualquier sanción de la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política”.

Adicionalmente, se daría vía libre a la concepción de responsabilidad de mando dentro las estructuras armadas, fuertemente criticada por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

Uno de los cambios de esta ponencia sería dejar las tutelas y los conflictos de competencia de los procesos de justicia transicional en manos de la Corte Constitucional, en lugar que deban ser dirimidas por el mismo Tribunal de Paz o por una comisión entre magistrados de la JEP y el constitucional.

Otro de ellos, es que fija que en el componente de terceros, estos podrán comparecer ante la JEP solo si se presentan voluntariamente para que esta actúe sobre algún proceso. También planteó como elemento procedimental que las penas impuestas a los sometidos a la justicia deben estar en una ley ordinaria y no en la constitución.