Insistirá el Gobierno -ello está muy bien- en la presentación de un proyecto de reforma a la justicia. El borrador propone, entre otras modificaciones, incrementar las asignaciones presupuestales para justicia; vincular a notarios y centros de conciliación a la resolución de asuntos en que haya acuerdo; desjudicializar algunos otros; fortalecer el precedente judicial; extender a cuatro años (a partir de la dejación de la magistratura) la inhabilidad para aspirar a cargos de elección popular por parte de quienes integraron las altas cortes o ejercieron la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría; suprimir las funciones electorales de esas corporaciones. Todo ello, con algunos ajustes, servirá –en el sentir del Ejecutivo- para la independencia de la rama; para la anhelada descongestión judicial y para agilizar los procesos, así como para concentrar a los titulares de altos cargos en sus funciones específicas.

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También prevé el borrador la exigencia de una edad mínima de 50 años para ser magistrado de una alta corporación. Como si de la edad dependieran la capacidad, la preparación, el conocimiento del Derecho, la formación ética, la imparcialidad y todas las cualidades que debe reunir un juez de la República. Criterio equivocado, que en nada mejoraría el funcionamiento de los tribunales y, en cambio, impediría a personas menores de esa edad pero capaces y preparadas, acceder a tan importantes funciones.

Ahora bien, la justicia está en crisis desde hace un buen tiempo, y es indispensable poner fin a esa crisis, pero no con propuestas tan superficiales, que nada aportan, como la mencionada, o la - también incluida- de aumentar a 12 años el período de los magistrados. Se necesita una reforma integral (no de “algunos aspectos”, como dice el borrador), que toque el fondo de los muchos problemas que hacen inviable el orden justo que proclama la Constitución.

Es muy importante que, además de las reformas que permitan atacar la congestión, las deficiencias presupuestales, el excesivo formalismo y la morosidad - que afectan al ciudadano del común-, se logre despolitizar a las altas cortes y a organismos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Hay necesidad de garantizar su plena independencia del Gobierno, y conseguir que esas instituciones recobren su respetabilidad y credibilidad ejerciendo sus funciones de conformidad con la Constitución y la ley, y no con objetivos políticos, ideológicos o de grupo.

Para ello, se hace indispensable prever sistemas muy exigentes y cuidadosos de selección y ascenso por méritos. En tal sentido, nos parece acertada la propuesta gubernamental, que contempla concurso de méritos.

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Pero es necesario conseguir que, hacia el futuro, sirvan de algo la hoja de vida limpia, la trayectoria honesta, la transparencia, la formación académica, el criterio jurídico ya demostrado, por encima de la habilidad para intrigar y prometer. Se debe eliminar la recomendación o el apoyo político o del Gobierno como requisito de hecho para llegar a los altos cargos. Y erradicar la mala costumbre de exigir a los candidatos el recorrido por curules y despachos para ser ternados o elegidos.