“Basta con observar las peligrosas condiciones de desprotección en las cuales se encuentran inmersos cientos de miles de niños, niñas y adolescentes -NNA- en nuestro país, para comprender el lugar, el tipo de atención y de cuidado que como sociedad y Estado les ofrecemos… existen causas de índole social, familiar, económica, cultural y afectiva que inciden como factores de vulnerabilidad para el reclutamiento de NNA por parte de los grupos armados ilegales. Los contextos de privación económica, la falta de acceso a servicios de educación, salud, bienestar y recreación, así como la carencia de redes afectivas y de protección, entre otras condiciones de vulnerabilidad, influyen de manera determinante en el ingreso de esos menores de edad a las filas” de esas estructuras delictivas.

Con esa cruda y sincera radiografía, la Defensoría del Pueblo presentó en 2014 el informe Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, a través del cual buscaba dimensionar la gravedad de esta problemática asociada al conflicto armado colombiano, de la cual son víctimas niños, niñas y adolescentes, con el propósito de identificar las dinámicas de ese delito que compromete a todos los actores armados y también la eficacia de la respuesta institucional para garantizar su protección integral.

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Lo peor es que hoy, seis años después, esta realidad es más dramática, pues por las nuevas formas de utilización de NNA por parte de las organizaciones al margen de la ley, este delito se ha convertido en una verdadera tragedia para el país y toda la sociedad, porque si bien los más vulnerables son las víctimas más directas, los demás están expuestos a su equivocado accionar.

El próximo 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, fecha en la que se celebra el aniversario de la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de NNA en los conflictos armados y en cualquier dinámica delictiva o criminal, por lo que se convierte en un compromiso para los gobiernos asumir las tareas de restitución de los derechos de los menores de edad víctimas y especialmente de poner en marcha programas efectivos de prevención, a través de alertas tempranas que vinculen a la familia, la comunidad y Fuerza Pública.

Subregistro muy alto

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), Antioquia ha sido históricamente el departamento más golpeado por esta problemática, ligada hoy no sólo al conflicto armado que por décadas ha azotado al país, sino a las mutaciones delictivas asociadas al narcotráfico, por lo que NNA de gran parte del territorio nacional viven en zonas de permanente riesgo, especialmente donde operan disidencias de las Farc, Eln, Clan del Golfo, Caparros y otras estructuras delictivas ligadas al manejo de rentas ilegales.

Eso hace que el subregistro de estos hechos sea demasiado alto y que, de alguna manera, se esté de espaldas a la verdad. “Las mutaciones o nuevas formas de utilización de NNA no permiten identificar con facilidad a aquellos menores de edad vinculados a esos grupos, porque ellos sirven de “carritos, mensajeros o campaneros” en su mismo entorno, sin dejar su casa. Son esos chicos en los que no hay propiamente un desarraigo de su hogar. Y esa dinámica hace que hoy sea muy difícil identificar quién está siendo utilizado, porque además no hay denuncia, y de paso existe también cierta aceptación de algunas prácticas por parte de la comunidad para intervenir o evidenciar cuando el chico de la cuadra está siendo vinculado a estas prácticas por parte de grupos armados”, relata María Fernanda Posada, directora de la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación.

Entonces las cifras que se conocen frente a este fenómeno del reclutamiento y especialmente de utilización de NNA, por muy escalofriantes que parezcan, son ínfimas frente a la realidad. Por eso no es un tema que se pueda analizar cuantitativamente, sino que es necesario mirarlo más de forma cualitativa. Hoy no se sabe realmente cuántos NNA son víctimas de reclutamiento y menos de alguna forma de utilización.

Entre 1960 y 2016, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un registro de 17.000 menores de edad víctimas de reclutamiento; y hasta el año 2018, más de 41.000 menores de edad fueron desaparecidos forzadamente en territorio colombiano. Pero la realidad va mucho más allá.

Las causas

El reclutamiento o utilización de menores de edad es un hecho estructural que da cuenta de una serie de precarizaciones sociales, económicas, de acceso a la justicia y familiares que comprometen todos los niveles de la sociedad, por lo que la pregunta no es sólo para el Estado sino también para la familia y la comunidad, ¿qué es lo que está pasando que NNA están siendo vulnerados de la peor manera, que es vinculándolos a estas dinámicas al margen de la ley?

Y la respuesta no es tan simple como parece, porque lo más fácil y elemental es relacionar la situación con circunstancias económicas. Pero en ese aspecto se ha establecido que los jóvenes ingresan a esas dinámicas ilegales básicamente por tres razones: afecto, protección y también por ingresos.

“Está claro que no siempre la causa es por necesidades en la casa. Algunas veces lo hacen por intención de reconocimiento o porque vienen siendo expulsados de un entorno protector que los vulnera, que los violenta, o en el que se violenta. Un entorno que deja de ser protector para convertirse en expulsor, y bien puede ser el hogar, la institución educativa o la misma comunidad en la cual se mueve el NNA”, explica María Fernanda Posada.

Desde esa perspectiva, agrega, “tampoco se puede aceptar que un menor de edad ingrese a esas dinámicas por voluntad propia, porque fue su decisión. Toda vinculación de cualquier menor de edad con grupos al margen de la ley en actividades ilegales, es un reclutamiento ilícito, es un hecho victimizante”.

Es decir, un chico no pasa de ser víctima a victimario sólo porque dijo que él quiso estar ahí, más bien es la causa de ser una víctima de un contexto de carencias que lo ha llevado ahí. Y eso no exime a la sociedad de su responsabilidad.

Intervención integral

Identificados muchos de los componentes de esta realidad, el Gobierno departamental, a través de la Secretaría de Gobierno y su Oficina de Derechos Humanos, enfocará sus esfuerzos de los próximos cuatro años en programas y acciones de acompañamiento y fortalecimiento a la familia, las instituciones educativas y la comunidad en general, con una intervención integral desde la primera infancia que ayude a la construcción de identidades y la formación de proyectos de vida con expectativas a largo plazo, con apegos y afectos seguros en NNA que a futuro los harán menos vulnerables.

“Los esfuerzos estarán orientados a contrarrestar los mayores factores de vulnerabilidad que se han identificado y que tienen que ver con violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, aspectos económicos, violencia sexual o de género, contexto de conflicto armado y cercanía a grupos al margen de la ley, dificultades académicas y deserción escolar, que sigue siendo un primer indicativo de alarma en cualquier momento”, describe la directora de la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación.

Esa misión, que hoy se ve como prioridad en municipios del Bajo Cauca y el Nordeste, por ser zonas con mayor presencia de esos grupos armados al margen de la ley, se extenderá a lo largo y ancho del territorio antioqueño, porque desde la Gobernación se ha entendido que “sólo con una verdadera intervención integral , a mediano y largo plazo, que permita dimensionar las consecuencias del reclutamiento y la utilización de NNA por parte de esas estructuras criminales, se podrán revertir las situaciones de riesgo para los menores de edad y asegurar un mejor futuro para todos”.

Tendencia al alza

En su último informe, presentado el pasado 27 de enero, la ONU denunció que “la violencia contra los menores de edad en Colombia es una tendencia al alza muy preocupante”.

Y lo dijo revelando que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y hasta julio de 2019, se pudieron verificar 600 casos de reclutamiento de menores de edad para combatir; de ellos al menos 186 fueron asesinados o mutilados, incluidos algunos de tan solo 5 años de edad, la mayoría de los casos por fuego cruzado o restos de minas, pero también en ataques contra escuelas y hospitales que son resultado de la cada vez mayor competencia de esos grupos ilegales por el control del territorio.

Según la representante especial para niños en conflicto, Virginia Gamba, “los NNA siguen estando expuestos a graves violaciones a medida que otros grupos ocupan el espacio dejado por las Farc”.

Según la ONG Save the Children, organización internacional que trabaja en la defensa de los derechos de la niñez, el reclutamiento de NNA es un “delito que no se detiene”. En ese sentido recordó que “desde el año 1999 hasta agosto del 2017 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Icbf- registró 6.377 NNA recuperados de los grupos armados ilegales. De ellos, el 30,9% señaló haber sido maltratado, el 66,8% dijo haber sido golpeado por lo menos en alguna oportunidad en su infancia, y para una cuarta parte de ellos y ellas los golpes fueron una práctica frecuente”.

Lo más grave, dice ese informe, es que “cuando un niño o niña es reclutado, sus derechos, la totalidad de ellos, quedan en un estado de suspensión o vulneración: educación, salud, recreación, familia, afecto. No hay ningún derecho que se pueda pensar que, al menos, no esté seriamente amenazado cuando se cambian los juguetes y las mochilas por armas”.

Cifras que preocupan

Cifras verificadas entre julio de 2016 y julio de 2019, según la ONU:

Reclutamiento y uso de NNA: 600 niños

Asesinato y mutilación: 186 niños

Violencia sexual: 17 niños.

Secuestros: 16 niños

Ataques a escuelas y hospitales: 24 incidentes

Denegación de acceso humanitario: 9 incidentes