Líderes sociales del país denuncian fallos en restitución de tierras. Según datos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en Colombia hay 355 personas con sistemas de protección por ser reclamantes de tierras.
Líderes reclamantes de tierras de distintos lugares de Colombia denunciaron este miércoles los fallos que encuentran en los procesos de restitución, como su seguridad y protección, así como las presiones que suponen sobre los terrenos la minería y la agroindustria.
Así lo expresaron en Bogotá durante un encuentro entre las comunidades reclamantes, las entidades sociales que los acompañan en su proceso y las instituciones gubernamentales responsables de estas políticas.
Tras analizar sus casos particulares en las regiones del Pacífico y el Caribe, los líderes campesinos, negros e indígenas manifestaron que otros obstáculos en sus procesos son la demora en las respuestas a sus solicitudes y la necesidad de que se tenga en cuenta no sólo el terreno sino también recursos para desarrollar proyectos productivos.
También mostraron su preocupación por la falta de enfoque de género en las políticas y procesos de restitución, que no cuentan con artículos específicos para las mujeres, además de la ausencia de comunicación y articulación entre las entidades gubernamentales.
Hasta la fecha se han resuelto más de 6.900 solicitudes de restitución de tierras, el 6 % de las que se han radicado desde que se puso en funcionamiento la legislación pertinente en 2011.
La abogada del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Alejandra Grillo, quien asesora y acompaña a las comunidades reclamantes, atribuye esta demora a que "el Estado colombiano no tiene el monopolio ni en fuerza ni en institucionalidad en los territorios que toca restituir".
También advirtió de un "cambio de dinámica que va muy acelerado" que hace aparecer "nuevas formas de despojo".
"El despojo no sólo tiene que ver con la propiedad de la tierra. La política está volcada en devolver la propiedad de los territorios a las comunidades pero vemos que los grandes despojadores tienen interés sobre el uso de los recursos naturales, y no su propiedad", manifestó.
Por eso, los líderes sociales insistieron en la necesidad de restituir las tierras de manera "integral", es decir garantizando que las comunidades podrán usar y proteger los territorios.
También pidieron un mejor sistema de protección para quienes sufren amenazas por sus reclamaciones.
Asistieron a la reunión representantes del Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Unidad de Restitución de Tierras, la UNP y la Fiscalía, entre otras.
También participaron representantes de varios países europeos, ya que la Delegación de la Unión Europea en Colombia auspiciaba el encuentro y financia la mayoría de proyectos de acompañamiento a las comunidades que desarrollan entidades sociales.