El día 8 de los corrientes el Gobierno Nacional expidió el Decreto 531, mediante el   cual agrega una nueva excepción a las restricciones a la movilización que cobija a los trabajadores encargados de la construcción de edificaciones y de los proyectos de infraestructura de transporte y obras públicas, incluyendo la cadena de suministros, ampliando así el aislamiento ordenado por el Decreto 457 del día 22 del pasado marzo. La nueva excepción en su parte resolutiva (Artículo 3) establece que serán permitidas las operaciones relacionadas con “La ejecución de las obras de infraestructura de transporte y obras públicas, así como de la cadena de suministros de materiales y suministros relacionados con la ejecución de las mismas (las obras especificadas), así como la intervención de obras públicas y de construcción (..) que presenten riesgos de estabilidad técnica y amenaza de colapso (..)”. Se trata de una medida que estábamos esperando quienes entendemos que en esta emergencia a que nos llevado la crisis por el covid-19,  las acciones conducentes a salvar vidas, impedir el colapso de la economía y proteger el empleo son concomitantes.

Dentro de la industria de la construcción se consideran la construcción de edificaciones, así como la construcción de infraestructura de transporte y el sector energético.

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El sector de la construcción de edificaciones ha sido esencial para el desarrollo social y económico del país, tal como lo indican la magnitud de las actividades  y su impacto en el aparato productivo nacional. Este renglón emplea 1,6 millones trabajadores, a los cuales se agregan otros 1,7 millones de personas que participan de manera indirecta en actividades inmobiliarias y de servicios a las empresas constructoras (“Protocolo-obras de construcción de edificaciones y cadena de valor”. Camacol, abril de 2020). Esto equivale al 14% del total de la mano de obra ocupada en el país.

La construcción de edificaciones se encadena con el 54% del aparato productivo nacional, a través de su red de suministros y abastecimiento de insumos, materiales y servicios. Según Camacol, en la actualidad el sector tiene 1.900 proyectos de vivienda en etapa de construcción y 7,8 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales. Este volumen de actividad representa inversiones equivalentes a unos 9 puntos porcentuales del PIB.

En “Bitácora de infraestructura”, documento preparado a raíz del covid-19 por la Cámara Colombiana de Infraestructura-CCI, se consideran tres escenarios para la variación anual durante 2020 del indicador de inversión en obras civiles, a saber: Un 6,8% en un escenario optimista, un 4,9% en un escenario promedio y un 4,3% en un escenario pesimista, cuando en 2019 el mismo indicador fue del 10,7%.

El Banco Mundial en su informe “Perspectivas económicas mundiales” en el pasado enero había previsto que para que Colombia pudiese lograr en el corriente año un crecimiento del PIB del 3,6%, debería acelerar la inversión en proyectos de infraestructura (en 2019 el PIB fue del 3,3%). Esta supuesta reactivación en lo relativo a las obras viales generaría 90.000 empleos directos.

Sólo en las concesiones viales 4G, se tienen los siguientes datos de empleo, en su mayor parte aportado por las localidades antioqueñas aledañas o vecinas a los proyectos: Pacífico 1 (Bolombolo-Primavera): En construcción 2.900 trabajadores y en la concesionaria 250 empleados. Pacífico 2 (Bolombolo-La Pintada): 1.900 trabajadores en la construcción y 140 en la concesionaria. Pacífico 3 (La Pintada-La Virginia y otros): 787 personas reiniciarían actividades. En la Asociación Público-Privada Vinus (Barbosa-San José del Nus) se reiniciarían actividades con 3.400 trabajadores en la construcción y 140 en la concesionaria. A esto habría que sumar el reintegro de 1.170 trabajadores del Consorcio CCC, constructor de Hidroituango, licenciados a raíz de la contingencia por el covid-19, así como  los 1.00 trabajadores en la obra pública Túnel del Toyo.

En total cerca de 12.000 trabajadores y empleados de las empresas constructoras de infraestructura, cuyos proyectos se desarrollan en municipios donde hasta ahora no se han registrado personas contagiadas por el covid-19 (según información verbal de CCI-Seccional Antioquia, el número de empleos directos sería del orden de 20.000).  La reiniciación de estas obras y otras de carácter local no incluidas en la anterior lista, significaría el regreso paulatino a la normalidad de las actividades económicas y sociales en muchos municipios antioqueños, eso sí bajo unos protocolos de seguridad que se indican a continuación. Para que este proceso de reactivación se pueda adelantar se requiere toda la colaboración de los alcaldes municipales y de la dirigencia regional.

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Veamos un resumen de los protocolos de seguridad contenidos en los documentos: “Acciones y medidas para implementar en el sector de construcción de edificaciones y su cadena de valor, en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social por el covid-19”- Camacol, abril 2020  y “Protocolo de Bioseguridad ANI” también de abril de 2020, aplicable a la Infraestructura de Transporte. 

El documento de Camacol, atrás referenciado, se basa en una revisión de las acciones y medidas implementadas por 10 países durante la actual contingencia generada por el covid-19, conducentes a proteger la salud de los trabajadores del sector en el desarrollo de los proyectos de construcción y provisión de suministros y materiales. Con base en dicha revisión, la entidad gremial diseñó un protocolo con procedimientos de operación que contiene medidas de contingencia en obra y en la cadena de suministros, así como esquemas de detección temprana, seguridad industrial, higiene y asepsia de zonas de trabajo y equipos, programación y priorización de actividades, turnos, transporte y movilidad, entre otros.

El Protocolo de Bioseguridad de ANI, atrás referenciado, es un documento en borrador con recomendaciones para la adopción de los lineamientos mínimos que se deberán tener en cuenta por parte de los concesionarios de los proyectos de concesión, así como por las  asociaciones público-privadas, a la hora de adaptar el protocolo de bioseguridad a cada uno de sus proyectos. Esto, con el fin de restablecer la ejecución de las obras durante la emergencia sanitaria por el covid-19, estableciendo medidas y acciones que garanticen la seguridad e integridad de todo el personal en las obras y en la cadena de suministros.