El brutal impacto económico y social de la pandemia exige realismo y sensatez para acomodar las reglas de juego y decisiones a las prioridades de generar empleos formales, recuperando actividades económicas y facilitando la contratación laboral junto a las acciones asistenciales.
Tres estudios recientes han destacado serias dificultades que corren el riesgo de agravarse con la pandemia, generando nuevas dificultades para alcanzar la meta de vida con dignidad para todos. Las mayores demandas son para el Estado, aun embebido en el centralismo y su burocracia.
La Ocde ha presentado a Colombia como el país con la mayor tasa de desempleo, al proyectar su tasa de desempleo para 2020 en 21,2 por ciento, 12,7% superior al promedio de sus 32 miembros y muy superior a España (14,5%) y Grecia (14,4%). El organismo no consideró dos indicadores inquietantes: el de población inactiva, que es 44,8%, y el de informalidad laboral, que en febrero pasado estaba en 47,9%. Este panorama, que rápidamente desciende por la espiral negativa de la informalidad a la ilegalidad a la criminalidad y al hambre, clama por que se recuperen sectores decaídos y los empleos perdidos; formalizar actividades, y generar oportunidades para los inactivos. Estas acciones necesitan entregar a los gobernantes departamentales y municipales capacidades para acompañar, con apoyo experto, la apertura de sectores que están listos a ofrecer servicios, pero no han podido hacerlo por la centralización o exageraciones de las decisiones sobre la pandemia, curiosa talanquera que no aplica para los agentes informales que siguen actuando a la luz del día, sin protocolos y sin autoridad que pueda, o se atreva, a exigir el autocuidado y el cuidado de todos; ello para no mencionar al crimen organizado que campea con el microtráfico, la extorsión y los paga-diario.
Tras las barreras a las empresas y el empleo formal, afectado por normas anacrónicas impuestas a rajatabla, crece la informalidad empresarial, que según una investigación de Fedesarrollo (2018) representa el 50% de las compañías del país; el 37% de los trabajadores y el 33% de la producción. Tal informalidad responde al descrédito de la formalidad, la alta tributación y las suficientemente descritas, y no resueltas, trabas al establecimiento de actividades formales en el país. Estas dificultades han quedado profundamente descritas en el estudio Monitor Minero de Antioquia realizado por la firma Portex y dirigido por la doctora Claudia Herrera. Entre varios datos sumamente inquietantes sobre la legalización y formalización de la minería en el departamento, sobresale que al finalizar 2019, la Secretaría de Minas del departamento, autoridad delegada, tenía represadas 1.942 solicitudes de inicio de actividades de exploración de minas; mientras existen 101 solicitudes de empresarios mineros para que les fueran protegidos sus títulos invadidos. A lo que se agrega que el 36 por ciento de Planes de Trabajo de Obra -que son los planes de construcción de las minas- tardaron 4,2 años en ser aprobados, cuando el plazo de ley es de 30 días. Mientras los mineros formales enfrentan un bloqueo oficial para su trabajo, la ilegalidad y la criminalidad crecen con mínimos controles y máxima violencia y daño ambiental.
En otro campo, destacamos el importante estudio de la Fundación Éxito sobre la desnutrición en menores de cinco años, según el cual el 58% de los municipios colombianos se encuentran en alerta por su prevalencia, mientras otro 32%, de nivel medio, tiene riesgo de perder sus avances en esta materia. El estudio reconfirma que en esta etapa es necesario intensificar acciones para ofrecer a las familias acceso a educación nutricional, alimentos y nutrientes. Aún con este panorama, una ONG acaba de arremeter contra gobiernos y empresas que, entre sus ayudas a las familias en riesgo de hambre y desnutrición, entregaron algunas bebidas que además de excelentes componentes nutritivos tienen azúcar. Satanizar esos alimentos en un acto de radicalismo desproporcionado hace preguntarse si ante la amenaza del hambre física y desnutrición absoluta, no se debe reconocer, y aplaudir, a decir verdad, el apoyo imperfecto.
El brutal impacto económico y social de la pandemia exige realismo y sensatez para acomodar las reglas de juego y decisiones a las prioridades de generar empleos formales, recuperando actividades económicas y facilitando la contratación laboral junto a las acciones asistenciales urgentes, pues en la situación presente, el cuidado de la vida y la salud no son contraparte, sino complementos, de la dignidad que da la generación de los propios ingresos.
Rosita Turizo de Trujillo
Abrazamos en señal de solidaridad, admiración y afecto, a nuestro columnista Bernardo Trujillo Calle, a sus hijos y a la Unión de Ciudadanas de Colombia, en la dolorosa ausencia de Rosita Turizo de Trujillo. A ella la reconocemos y recordamos como valiente e incansable trabajadora por los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres colombianas. Paz en su tumba.
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