El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, radicó ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados. 

La iniciativa crea un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de grupos armados ilegales, entendiendo estos últimos como aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

“Este es un proyecto que está dirigido a toda la criminalidad en el país que se encuentra dividida en grupos delictivos organizados y grupos armados organizados”, dijo el jefe de la cartera de Justicia.

Lea también: Autoridades le siguen la pista a alias tom, jefe de Bacrim

Además, explicó que los beneficios que contempla el proyecto son para la sociedad colombiana, por lo cual pretende fortalecer la investigación de hechos punibles cometidos por bandas criminales a través de un acercamiento colectivo y una judicialización de los miembros de las mismas.

A través de un representante que designe el grupo armado organizado se le manifestará de manera escrita al Gobierno Nacional la voluntad de sujetarse colectivamente. 

Dicha solicitud escrita deberá contener la manifestación expresa, libre y voluntaria del grupo, información precisa que señale su estructura, las conductas delictivas que serán reconocidas, una relación detallada de sus bienes, información que conduzca a relacionar a los menores que hagan parte de esa organización e identificar las víctimas que serán reconocidas junto con un plan para repararlas.

Junto con estos documentos, el grupo armado organizado deberá remitir las respectivas actas de sujeción individual de cada uno de los miembros que se van a someter a la justicia, especificando su nombre, documentación, firma y huella. 

Lea también: Bacrim están contratando exguerrilleros en Tumaco según Catatumbo

En dichas actas, cada persona deberá especificar la fecha de ingreso a la organización, el rol o roles que asumió, las zonas geográficas donde cometió actividades delictivas, un compromiso para no volver a cometer conductas punibles y una exposición detallada de su participación en cada una de las conductas sobre las que reconoce responsabilidad.

El proyecto está estructurado sobre tres títulos: 1. El ámbito personal de aplicación de la ley, 2. Las medidas de fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los grupos y organizaciones criminales y 3. Establece un procedimiento especial para la sujeción de los grupos criminales en este orden. En ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición.

Finalmente, Gil Botero aseguró que este es un gran avance que se está haciendo en aras de construir una política criminal que responda a las necesidades de un país con unos altos índices de organizaciones criminales.