Colombia, en la escala de cero a 100 puntos, está en el 51% de cumplimiento de las condiciones deseables para asegurar un acceso efectivo a la justicia.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en alianza con el Banco Mundial, reveló el primer índice sobre los departamentos con mayor y menor desempeño en el cumplimiento de las condiciones deseables para el efectivo acceso de los ciudadanos a la justicia en Colombia.
Tras el estudio se pudo evidenciar que el departamento del Quindío tiene el mejor desempeño con un 65% en el cumplimiento de las condiciones deseables para acceder de forma efectiva a la justicia, según el Índice de Acceso Efectivo a la Justicia (Iaej).
Mientras tanto, el departamento del Amazonas muestra el peor desempeño con un 31,9%, de acuerdo con los resultados del índice, que utilizó para la medición una escala que va de cero a 100 puntos. El total nacional se ubicó en 51%.
El Iaej, compuesto por 24 indicadores, fue construido a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas que aplicó el Dane en el 2016 en alianza con el DNP para conocer cómo los colombianos resuelven sus disputas y qué mecanismos legales utilizan.
Dicha encuesta mostró que, de los 33 millones de personas encuestadas que representan los mayores de 18 años, el 10%, es decir, 3,4 millones, declaró haber tenido por lo menos una necesidad jurídica.
El acceso efectivo a la justicia se entiende como todas las acciones que se realizan antes, durante y después del intento de resolución de un conflicto. Además, cabe destacar que este acceso no termina cuando los ciudadanos obtienen decisiones, sino que es efectivo cuando los ciudadanos manifiestan que sus problemas fueron resueltos.
La medición, que buscaba identificar las principales barreras que impiden la identificación de necesidades jurídicas y el acceso efectivo a la justicia, se hizo teniendo en cuenta seis dimensiones: ambiente favorable, empoderamiento legal, asistencia legal, acceso a las instituciones, procedimiento justo y capacidad de cumplimiento.
La dimensión que tiene la mayor ponderación de acuerdo con la metodología empleada es la de ambiente favorable, que depende de factores no controlados directamente por el sistema de justicia, mientras la de menor peso es la de acceso a las instituciones (a la que más importancia se le ha dado tradicionalmente), que se refiere a la presencia y eficacia de las instituciones.
Resultado departamental
Quindío fue el departamento con mejor desempeño con un 65% de cumplimiento en los criterios de acceso efectivo a la justicia.
Ese departamento aparece clasificado como el primero del ranking dentro de 29 departamentos medidos por el ambiente favorable y el procedimiento justo en el cumplimiento de los criterios de acceso efectivo a la justicia.
En el caso de Amazonas, el puntaje le da el último lugar del ranking por la falta de empoderamiento legal (baja inversión en capacitación) y de asistencia legal (no tiene asistencia de operadores como defensores públicos, consultorios jurídicos y abogados voluntarios).
La dimensión con mejor desempeño fue la de procedimiento legal, y las que obtuvieron el menor puntaje fueron el acceso a las instituciones y el empoderamiento legal.
Bogotá y San Andrés lideran cinco de las siete dimensiones: ambiente favorable, empoderamiento legal, asistencia legal, procedimiento justo y capacidad de cumplimiento.
El índice evidencia que los departamentos catalogados con un entorno de desarrollo robusto son los que mejor desempeño tienen en la garantía de acceso efectivo a la justicia. Bogotá y Cundinamarca pese a estar catalogados como robustos no muestran el mejor desempeño en términos de acceso a la justicia.
Evaluación sistémica
Al revelar este índice, el DNP sugirió evaluar el acceso a la justicia desde un enfoque sistémico, considerando los diferentes actores y etapas dentro del proceso e invertir para mejorar las primeras etapas del acceso a la justicia con el fin de prevenir que las disputas entre los ciudadanos se conviertan en necesidades jurídicas.
Además de estar plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el índice responde a los compromisos adquiridos por Colombia ante la Ocde y a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, encaminado a entregar una valoración del sector justicia.