Aún en obras públicas y extensión de redes de servicios públicos, pero especialmente en vivienda, en la construcción en Colombia ha dominado la informalidad, o sea la falta de técnica, el desprecio por los riesgos, el incumplimiento de la ley y la falta de control. Aunque el país asiste a una progresiva formalización empresarial, no se da todavía un pleno cumplimiento de leyes concebidas para proteger vidas y patrimonios, tampoco el fortalecimiento de la institucionalidad que controle al sector.

La orden de desalojo de 16 edificios en Cartagena; las medidas preventivas a diez proyectos del grupo CDO y en la Biblioteca España, en Medellín, así como el cierre de la Vía al Llano, ordenado por el ministro de Transporte, Germán Cardona, son decisiones de líderes que usaron sus mínimas potestades para controlar a los constructores, cumpliendo con su obligación de proteger la vida humana, el más valioso de los bienes de una sociedad, ante la firme evidencia (sin que haya que demostrar la absoluta inminencia), de riesgo de colapso o daño fatal. El ministro y los alcaldes que se han atrevido a tomar esas decisiones merecen apoyo ciudadano, no acusaciones de temeridad y presiones para que se arriesguen a fin de cuidar resultados económicos o patrimonios privados.

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Tras la caída del edificio Blas de Lezo II, ocurrida en abril de 2017, y un estudio de la Universidad de Cartagena que reveló la existencia de riesgo en 16 edificios más (14 de ellos construidos por la familia Quiroz, mismos constructores del edificio colapsado), la Alcaldía de Cartagena procedió al desalojo de las unidades residenciales. Al hacer cumplir esa medida, ya confirmada por una juez de control de garantías, el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, tuvo que enfrentar fuertes presiones de ciudadanos y medios de comunicación que reclamaban derechos económicos minimizando el riesgo, para lo que llegaron hasta poner en duda el estudio de la Universidad de Cartagena.

En abril de 2013, y por la evidencia de amenazante caída de lozas, la Alcaldía de Medellín ordenó el cierre del Parque Biblioteca España, decisión tomada a pesar de tensiones con poderosos actores del sector constructivo y la política. Seis meses más tarde, el gobierno de Aníbal Gaviria debió ordenar el desalojo de un bloque del edificio Space, que al día siguiente colapsó matando a once personas, e iniciar estudios que terminaron en órdenes de desalojo, o de repotenciación, de diez unidades residenciales, incluida Space, construidas por el Grupo CDO, propiedad de la familia del dirigente político Álvaro Villegas Moreno. Por tales medidas se desataron presiones políticas y mediáticas y precedentes tan inquietantes como la preclusión de la causa penal en ocho homicidios, tras conciliaciones de los deudos con el constructor que ha sido declarado culpable del homicidio culposo de Juan Esteban Cantor Molina. Tras la demolición del edificio Space, luego de recibir informe del estudio de la Universidad de los Andes (también criticado en su momento) que demostraba graves fallas en el diseño, cálculos estructurales y proceso constructivo, permanecen inhabitadas dos unidades residenciales, y desprotegidos sus propietarios.

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Tras el desplome de una pila del puente sobre la quebrada Chirajara, el ministro de Transporte, Germán Cardona, recibió estudios preliminares que con toda la seriedad de los ingenieros anuncian la posibilidad de que la pila aún en pie también se desplome. Conocida la amenaza y, según ha dado a entender, faltándole un compromiso del constructor, el ministro ordenó el cierre de la vía al Llano hasta no obtener la seguridad de que Coviandes actuaría para contener el riesgo que un segundo colapso puede traer para los usuarios de la vía existente. La determinación, sorpresiva por su carácter de urgencia, provocó que sobre el ministro cayeran rayos y centellas del grupo Sarmiento Angulo, poderoso actor económico, político y mediático que respalda la obra, pero también de agentes económicos que sobrepusieron sus mayores costos económicos y cronológicos de los viajes al interés superior de la sociedad, que es proteger y defender la vida de sus ciudadanos. Tras una reunión con el presidente Santos y la concesionaria, el ministro obtuvo el compromiso de que el constructor garantiza la seguridad del tránsito en ese trayecto y asume responsabilidades con las vidas que por allí pasan.

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El ministro Cardona y los alcaldes Londoño y Gaviria han actuado con valentía en defensa de la vida y seguridad, así se les haya calificado de arrojados e incluso hasta de improvisadores, como si el colapso de una estructura se pudiera prever. Lo hicieron pasando por encima de una cultura que no dimensiona la gravedad de las amenazas a la vida, superponiéndose a las presiones ciudadanas o de poderosos agentes y usando los pobres instrumentos que la ley y la institucionalidad de control, representada en algunos curadores sin potestades ni capacidades, les otorgan para cumplir el más importante de los mandatos constitucionales. Los suyos fueron pasos pioneros que han de dejar huella.