Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia divulgada el lunes, las tres instancias que conocieron las denuncias contra Jorge Armando Otálora han demostrado su inocencia de los cargos de abuso y violencia sexual contra Astrid Helena Cristancho, su exnovia y exsecretaria privada de la Defensoría del Pueblo. Habiéndose pronunciado en igual sentido la Procuraduría y la Fiscalía, queda cerrado un proceso en el que abundaron las infamias de los acusadores, la temeridad justiciera de algunos medios de comunicación y daños difíciles de reparar en las instituciones, la sociedad y la persona de Jorge Armando Otálora.

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El daño más difícil de reparar fue perpetrado contra la Defensoría del Pueblo, institución a la que Otálora estaba devolviéndole su liderazgo como abogada por los derechos humanos de los grupos más débiles de la sociedad. En el período entre agosto de 2012 y enero de 2016, cuando fue obligado a renunciar, el jurista lideró importantes investigaciones sobre vulneraciones a los derechos de la infancia e incumplimientos a las víctimas del conflicto armado. Como él mismo recalcó, fue en su período cuando se creó la Defensoría delegada para los derechos de las mujeres. Como se temió tras su designación por el mérito de ser militante del Partido de la U, el actual defensor del Pueblo ha desdibujado el papel de esa institución como personera y portavoz de los ciudadanos a quienes se les conculcan sus derechos, situación que hace casi nugatoria la posibilidad de reparar el daño sufrido por la Defensoría del Pueblo.

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La falsa denuncia de la señora Cristancho y un colega suyo en la Defensoría y la ciega credibilidad que ella recibió en autoridades, políticos y medios de comunicación, abre una herida difícil de curar en la causa de la justicia por casos de acoso y abuso sexual. Para las víctimas va a ser más difícil comprender cuándo tienen todo el derecho a pedir el amparo del Estado contra sus victimarios. Y en muchos casos los operadores de justicia aumentarán su desconfianza en las denuncias por abuso sexual. Hacer que los procesos por estos delitos sean más largos y penosos para las víctimas es la peor contribución para erradicar un crimen que se comete en algunos hechos privados y se cometió en forma extensa, y gravísima, por los actores ilegales del conflicto armado, especialmente Farc y paramilitares.

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Los medios de comunicación pretendieron actuar como cortes de cierre, a pesar de que no conocían las pruebas y no dieron la menor oportunidad a su perseguido para contar su versión. Su apuesta por aumentar su rating o atender pretensiones políticas, comunes a las que tenía el gobierno del doctor Santos, le costó a la víctima, el acusado, una figura pública, vulneración a su honra personal y dignidad profesional, además de una injustificable interrupción en su trayectoria de servicio público. Los periodistas y medios de comunicación que inicialmente se ensañaron contra el defensor del Pueblo y ahora apenas si mencionan, sin mucho arrepentimiento y con mucha indignidad, el cierre del proceso con decisiones favorables al acusado, han minado la confianza pública en la información que se espera esté ajena a excesos propagandísticos y totalmente distanciada de las falsas noticias.

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Por la gravedad del daño, Jorge Armando Otálora tiene que ser resarcido por los responsables de haberlo infligido. Por su exnovia y exsecretaria privada, principal responsable de un escándalo inexistente; por los funcionarios de la Defensoría que la acompañaron en la mentira desvirtuando sus calidades de defensores de derechos humanos, y por los medios de comunicación, muy especialmente los programas radiales de la mañana, que lo pusieron en la picota pública y hoy deben dedicar igual tiempo, a reconocer que al posar como inquisidores y jueces del ciudadano objeto de su malquerencia se equivocaron fundamentalmente con él y con la sociedad a la que deben respeto.