Lo más inquietante de esta forma de participación pasiva en política por parte de los gobernadores y burgomaestres que conceden tácitamente el permiso del uso de su nombre en las campañas políticas es el silencio de los entes de control
La expresión latina qui tacet, consitere videtur si loqui debuisset ac potuisset, es definida por el diccionario del español jurídico de la Real Academia de la Lengua como “el que calla si debió y pudo hablar parece que consiente”, en otras palabras, es el refrán popular, quien calla otorga.
Lo anterior lo traigo a colación, gracias a la renuncia presentada por el señor alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien, al ser nuevamente suspendido por tres meses por la Procuraduría General de la Nación, por supuesta participación en política, al dar apoyo al “candidato de los ciudadanos”, Juan Carlos Cárdenas, quién abiertamente expresa ser el “ungido sucesor” de Rodolfo Hernández, y como lo expresó el pasado lunes en su edición digital la revista Semana: “…entre las consideraciones, la Procuraduría se refirió a los mensajes difundidos en medios de comunicación en los que supuestamente Cárdenas se presenta como ‘el alcalde Rodolfo, el alcalde de los ciudadanos’. El ente de control quería verificar sí algunas denuncias que llegaron a su poder eran ciertas y el alcalde estaba participando en política.”
En el contexto político de varios municipios del país pasa lo mismo, o sea la existencia de candidatos que se proclaman como seguidor del ideario del gobernante de turno, y lo expresa abiertamente a través de la propaganda política, pero, con un qui tacet, consitere videtur, por parte del mandatario, quien otorga con su silencio el aval para que el aspirante a sucederle se proclame ungido por el gobierno saliente.
Pero lo más inquietante de esta forma de participación pasiva en política por parte de los gobernadores y burgomaestres que conceden tácitamente el permiso del uso de su nombre en las campañas políticas es el silencio de los entes de control y de observación, como son la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la MOE, que dejan un halo de desequilibrio en la aplicación de las normas. Ante esos silencios, cabe entonces preguntarse si existe en algunos territorios un laissez faire et laissez passer frente al apoyo desde las administraciones locales y regionales a candidatos afectos a la administración de turno.
¿Miden objetivamente los entes de control la actuación de sus vigilados? O, como lo expresa el exalcalde bumangues Rodolfo Hernández, él es un perseguido político por luchar contra la corrupción, como lo dicen todos aquellos cuando recae la acción judicial o disciplinaria, “soy un perseguido por el sistema”.