¡Asombroso! Que alguien se atreva a decir que solo si la ONU lo dice, se le puede atribuir a alguien, a un ciudadano, a un ser humano, la condición de líder social y que, además se le reste importancia a un asesinato. El organismo internacional ha devenido en un aparato burocrático que muy poco se compadece con su oficial rol de procurar la paz en el mundo. Si en el resto del mundo sucede lo que aquí, para la representación ante Naciones Unidas no se tienen en cuenta las condiciones que se supone deben tener los diplomáticos que allí se acreditan: Solo hay que ser amigo del presidente, aunque ni leer se sepa.

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Bueno, que lo diga un columnista de opinión escudado en las prerrogativas accionarias del medio, tiene alguna explicación, aunque ningún sentido. La vida no tiene precio, las autoridades están instituidas para su defensa y protección, por lo menos eso dice la Constitución, y el asesinato es inaceptable en una sociedad fundamentada en ideales liberales como la nuestra. Está bien que los columnistas tengamos libertad para escribir, que tengamos conceptos para compartir y que con ellos no se comprometa la dirección del medio, pero es importante que meditemos y discutamos sobre la responsabilidad social de los columnistas.

Para el señor fiscal, por otro lado, habría que fabricar una definición de líder social. Si en un mes se asesinan veintiuna personas en Colombia, y sobre ellas se genera la polémica de si son líderes sociales o no, hay que llegar al fondo del problema, establecer los móviles y, de ahí, arrancar la investigación para dar con los autores. Pero si de las veintiuna víctimas el Gobierno solo reconoce once, ¿qué son las otras?, ¿porque alguna persona u organización las califica de líderes sociales?  Sería interesante que desde el Gobierno alguien nos explique con que criterio se clasifican los asesinatos de las personas.

No está en discusión el hecho de que en Colombia los asesinatos, las desapariciones, los desplazamientos y el maltrato infantil están a la orden del día. No es negable por ninguna autoridad que ni la vida, ni la honra, ni los bienes de los ciudadanos están siendo protegidos debidamente. En Medellín, por ejemplo, en la administración que terminó en diciembre, creció exponencialmente la ola de asesinatos y atracos, y que, a pesar de los esfuerzos de la administración, la sensación de vulnerabilidad fue la constante en la población. El alcalde que se las daba de sheriff fracasó estruendosamente en materia de seguridad.

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El amor al prójimo del cristianismo y el respeto de los derechos humanos de las democracias modernas, se confunden conceptualmente. Por eso nadie que se diga seguidor de las ideas cristianas o de las ideas liberales que signan la democracia, puede despreciar una vida o hacer apología de los delitos de lesa humanidad. Aberrante desde todo punto de vista es calificar las denuncias sobre asesinatos de líderes como “música celestial”. Si los muertos son veintiuno, once o uno, hay un problema de falta de respeto por las ideas ajenas que hay que erradicar. Y las autoridades no pueden acudir al negacionismo para quedar bien.