Las decisiones adoptadas esta semana por las mayorías y las actuaciones de algunas minorías del movimiento de profesores y estudiantes universitarios marcan un punto de quiebre en posiciones y comportamientos por los que habían logrado conquistar las simpatías de significativos sectores sociales y amplios grupos ciudadanos. Por ello, ponen en riesgo su legitimidad.

El movimiento universitario actual está conformado por organizaciones de profesores y estudiantes que representan intereses diversos y, especialmente, posturas ideológicas o políticas que llegan a ser divergentes. Por encima de sus diferencias, estos grupos construyeron una voz común para defender la educación superior pública. A casi dos meses de haber encontrado un punto de acuerdo en pretensiones que emergieron en asambleas aisladas y de haber conquistado audiencia para sus pretensiones, el movimiento universitario es amenazado desde dentro por el protagonismo de algunos integrantes, la soberbia de otros y la infaltable infiltración de algunos grupúsculos interesados en obtener provecho político de la crisis.

Le puede interesar: Defender la universidad pública

La protesta universitaria conquistó aliados aún en sectores históricamente ajenos o hasta suspicaces frente a la educación superior pública. Lo logró en virtud de la legitimidad de su pretensión de que el Estado subsane el déficit histórico de las IES públicas -universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias-, ocasionado porque la regla de financiación contemplada en la Ley 30 de 1992 no se compadece con los aumentos en cobertura y calidad demostrados por las instituciones, así sea necesario discutir el tamaño del déficit en cada IES superior. Una de las más importantes respuestas llegó del Gobierno Nacional, que desde el inicio de las movilizaciones presentó el proyecto Generación E, un programa integral de financiamiento de la educación superior pública y del acceso a la educación superior, que está sustentado en los principios de equidad, excelencia y equipo. A tal respuesta, el gobierno del presidente Duque sumó la negociación y el acuerdo con los rectores, que garantiza a las universidades recursos superiores a cuatro billones de pesos durante el cuatrienio, y posteriormente, la instalación de la mesa de negociación del Gobierno y los universitarios, que preside la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y tiene como garante a la Contraloría General de la Nación.

Lea también: Generación E reemplazará a ser pilo paga

A la apertura del Gobierno y gran parte de la ciudadanía, el movimiento universitario ha dado respuestas que ponen en riesgo su legitimidad, el proceso de negociación con el Gobierno y hasta la continuidad del semestre académico.

Tras la sesión del pasado 6 de noviembre, los universitarios decidieron levantarse de la mesa con Mineducación y Planeación Nacional, acusando al gobierno de una intransigencia que en realidad están mostrando esos universitarios que se niegan a mantener el diálogo porque no han conseguido dos máximos: que el Gobierno destine ya, cuando están casi agotados los recursos del Presupuesto Nacional, cerca de un billón de pesos para financiar los gastos del resto del año en las IES públicas; reclaman también que el presidente Iván Duque, y no los responsables del sector en el Gobierno, encabece la negociación, una demanda insostenible e injustificada atribuible a calenturientos afanes políticos.

Además: Ser pilo paga, a revisión profunda

A lo largo de la última semana, la movilización ha venido cambiando de carácter y mostrando facetas de radicalización que empiezan a causar decepción en la ciudadanía. Las ocupaciones, que ellos insisten en llamar “pacíficas” porque no fueron violentas aunque sí son sumamente agresivas, de varios claustros, entre ellos el bloque administrativo de la Universidad Nacional en Bogotá, fueron amarga antesala de las marchas del pasado jueves, que en varias ciudades fueron manchadas por inadmisibles actos de violencia que rompen la racionalidad de la discusión que hasta ahora se ha pretendido mantener.

Lo invitamos a leer: Medir la educación superior

Las marchas del jueves fueron tan politizadas como paradójicas, pues el protagonismo del llamado de atención por la situación financiera de la educación superior pública fue menguado por el que sindicatos y otros adherentes a la protesta le dieron a la protesta contra la Ley de financiamiento, con la que el Gobierno Nacional busca recursos fiscales para cubrir las necesidades del Estado y garantizar derechos sociales como, justamente, el de la salud y el de la educación, hasta la superior, como aspiran los universitarios. La adhesión a las protestas contra la reforma tributaria hace que el universitario devenga en movimiento paradójico, toda vez que su principal pretensión es obtener mayores recursos del Estado, que son más firmes cuando tienen origen en fuentes fiscales, nuevo objetivo de la movilización. La insistencia en la paradoja sería muestra indiscutible de la penetración de sectores ideologizados contra docentes y alumnos que habían convencido al país por la seriedad de su argumentación.

Comentarios:

Edgar
2018-11-10 21:47:09

Me parece que, en pocas palabras, el movimiento de los universitarios va camino al salvajismo. Culpables sobre todo los egos enormes que hay entre los líderes estudiantiles, pues los rectores lograron una billonada en ausencia de los tales líderes. Ahora su movimiento está plagado de extremistas curtidos y pagados, a quienes no interesa esa cosa de "estudiar" , sino aterrorizar.

Comente esta noticia